El primer impacto por la causa de Edgardo Kueider por lavado de dinero en Paraguay fue la ruptura del equilibrio de fuerzas en el Senado Nacional, un trabajo que un año atrás logró desarrollar la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuando la alianza antikirchnerista de 39 senadores desplazó del control de la Cámara alta a Unión por la Patria (UxP).
Esa alianza, compuesta por el PRO, la UCR, fuerzas provinciales y disidentes del PJ, le permitió a La Libertad Avanza conformar las diferentes comisiones de trabajo sin la necesidad de esperar las especulaciones o estrategias políticas de UxP. Esto, a pesar de los permanentes reclamos, tanto por notas como en el propio recinto, del presidente del interbloque opositor, José Mayans, quien representa una suma importante de 33 legisladores.
El fino equilibrio logrado por Villarruel se vio afectado en diferentes momentos del periodo parlamentario finalizado en 2024, con cuestionamientos en varias iniciativas, como los planteos de los senadores por Santa Cruz a la Ley Bases, lo que motivó cambios en las propuestas. También se evidenció en la necesidad de desempatar una votación por parte de la vicepresidenta, como ocurrió en junio pasado con el empate en 36 votos del megaproyecto de la Ley Bases.
Hoy esa ingeniería se ve debilitada, primero por la licencia, al menos hasta febrero, del senador radical Víctor Zimmermann, quien cumple funciones en el gabinete del gobernador del Chaco, Leandro Zdero, como ministro de Producción.
La otra es el reciente pedido de licencia de Kueider, que algunos aseguran será sin retorno a la Cámara. Estas dos bajas reducen esa mayoría variopinta de 39 legisladores a 37, un número difícil de sostener ante el tenor de los debates que propone el presidente Javier Milei en el Congreso Nacional.
Los libertarios además perderían el control de la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales, que dejará vacante Kueider y que, en principio, será encabezada por su vicepresidenta, la senadora tucumana de UxP, Sandra Mendoza. Asuntos Constitucionales fue fundamental, junto con Presupuesto y Legislación General, en el tratamiento de la Ley Bases. Además, es clave para el tratamiento de pedidos de sanciones o solicitudes de desafuero contra los integrantes del Senado.
También se pondría en riesgo el control de la estructura administrativa y parlamentaria de la Cámara ante la sesión preparatoria del próximo 24 de febrero para designar a sus autoridades. En la pasada reunión preparatoria, UxP fue desplazado de esos lugares por la mayoría de 39 senadores construida por Villarruel.
El último punto de preocupación del oficialismo es el reemplazo del actual senador nacional. Si Kueider renuncia o es removido por sus pares del Cuerpo, su reemplazo será Stefanía Cora, actual diputada provincial de “Más por Entre Ríos”, la denominación de UxP en esa provincia y miembro de La Cámpora. Ese cambio elevaría al interbloque de UxP a 34 senadores, a solo tres de alcanzar los 37 necesarios para tener quórum, impulsar cualquier iniciativa y bloquear los proyectos de Milei que consideren necesarios.
Unión por la Patria impulsará en los próximos días el tratamiento del proyecto de resolución que solicita la remoción del senador por Entre Ríos, bajo los fundamentos de “inhabilidad moral sobreviviente por los hechos de público conocimiento sucedidos el 4 de diciembre, cuando fue demorado en Paraguay, en la zona de la Triple Frontera, con más de doscientos mil dólares estadounidenses y seiscientos mil pesos argentinos en efectivo sin declarar”, según señalaron los legisladores José Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y gran parte de UxP en su presentación.
Si UxP no logra llevar este tema al recinto y tratarlo con los dos tercios del Senado, deberá ser analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que podría reunirse y estudiar la situación.
Así lo establece el artículo 95 del Reglamento Interno: las comisiones pueden reunirse y analizar asuntos de su competencia, pero solo están habilitadas para dictaminar sobre cuestiones internas del Senado, como en este caso.
Los bloques de Provincias Unidas, al que pertenece Kueider y preside Carlos Espínola, y el PRO, liderado por Luis Juez, ya adelantaron que “manifestamos nuestra firme voluntad a favor de que la Justicia investigue los hechos hasta su esclarecimiento”. Esto podría llevar a que el Senado reciba un pedido de desafuero contra el senador, que deberá ser analizado por los legisladores, conforme a lo establecido por la Ley de Fueros, a requerimiento de la Justicia.
“Cuando un juez abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión”, señala la Ley 25.320.
Paralelamente, se inició el periodo de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo hasta el próximo 27 de diciembre. Aunque el Congreso se reabrió, el Senado está envuelto, una vez más, en un escándalo de corrupción.