El programa de “Precios Justos” que Sergio Massa pone en marcha este viernes para contener la disparada en la inflación incluye un acuerdo de monitoreo con los intendentes, una tarea que en la Provincia de Buenos Aires, hasta ahora, estaba a cargo del gobernador Axel Kicillof.
El programa, que congela durante cuatro meses el precio de 1500 productos de consumo masivo que se comercializan en supermercados y fija un tope de 4% mensual de incremento para aquellos por fuera de la canasta regulada, suma una novedad en cuanto al “sistema de fiscalización y verificación de cumplimiento”.
Según se puede leer en un documento oficial al que accedió TN, la Secretaría de Comercio (un organismo dependiente del ministerio de Economía) firmará convenios con intendentes de todo el país para “fortalecer” los monitoreos.
“La Secretaría dará a las intendencias las pautas técnicas y las capacitaciones necesarias para la realización de las inspecciones y luego el proceso de sanción se realizará a través de los mecanismos habituales que lleva adelante la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores”, dice el texto.
A su vez, la Secretaría de Comercio transferirá a la autoridad local correspondiente el 25% de lo recaudado por multas realizadas en cada distrito.
En el Conurbano, los controles de los programas de control de precios venían estando en manos de Axel Kicillof, que desplegaba operativos a través de ARBA, su agencia de recaudación.
Cómo es el plan Precios Justos
El programa involucra a 1500 artículos que tendrán precios fijos, desde este viernes 11 y hasta el 28 de febrero de 2023, por un plazo de 120 días. Los consumidores podrán consultar los precios incluidos en el acuerdo a través de la web de la Secretaría de Comercio y desde la aplicación “Mi Argentina”.
“La gente va a tener identificado a los productos y va a poder controlar el acuerdo con una aplicación desde el celular pudiendo denunciar si no lo cumplen. Todo regido por un código de barras”, detalló Massa. Y sostuvo que habrá “penalidades que van de 5 a 40 millones de pesos”.
El plan incluye un tope de aumento de 4% por cuatro meses para los precios de los productos que quedan afuera del programa oficial. De esta manera se termina la libertad de fijar precios, con costos regulados para el resto de la economía.