El sistema de retiro voluntario se avizora como el punto más álgido de la quincena de temas que se tratarán hoy en la Legislatura, desde las 8.30. La iniciativa fue enviada por la Casa de Gobierno como parte de la estrategia para buscar equilibrio de las finanzas y “contención” del gasto público. Fue tratada en manera conjunta por las comisiones de Legislación General, Legislación Social y Presupuesto, y se introdujeron cambios en el dictamen de mayoría. Entre ellos sobresale el detalle de la habilitación de la matrícula a aquellos profesionales que la tengan inhabilitada y se acojan al beneficio. El proyecto que enviaron el gobernador Osvaldo Jaldoy el ministro Daniel Abad (Economía) establece un sistema de retiro voluntario y temporal, por el término de cuatro años (o menos cuando estuviera cerca de la jubilación). Durante ese periodo, el Estado abonará el 70% de los haberes normales, en el mismo tiempo y forma que lo hagan los agentes en actividad. Además, se mantendrá el beneficio de la obra social. Para acogerse, el agente tendrá que tener un mínimo de tres años de antigüedad.
El tercer artículo precisa que los agentes dejarán de prestar servicio a partir del primer día hábil del mes siguiente al del acto administrativo definitivo que se conceda el retiro. En el dictamen de mayoría, sin embargo, legisladores solicitaron que se especifique la habilitación de la matrícula para los agentes profesionales que por su función se haya tenido que inhabilitar. “
Parlamentarios de la oposición que plantearon su postura en contra de que el retiro sea temporal y no definitivo advirtieron que la habilitación de la matrícula podría abrir la puerta a que una gran cantidad de profesionales firme el retiro por conveniencia económica. Como ejemplo mencionaron que un abogado podría cobrar el 70% de su salario del Estado y realizar consultas escritas, que tienen un valor de $350.000 según el Colegio de Abogados. Altas fuentes de Casa de Gobierno en principio le restaron importancia a la modificación y opinaron que está bien que los agentes profesionales se desempeñen en el sector privado. De todos modos no descartaron que el dictamen pueda tener modificaciones en el recinto, por lo que indicaron que aguardarán a ver cómo se aprueba la norma antes de hacer consideraciones más profundas en ese sentido.
El proyecto especifica que quedará exceptuado personal de las fuerzas de seguridad; el que no cuente con una antigüedad mínima de tres años; personal médico del Siprosa; directores y subdirectores; personal jerárquico de los poderes del Estado; y docente con funciones frente a grados, entre otros. En el trabajo de las comisiones se añadió el impedimento para que pueda retirarse el personal auxiliar de las escuelas, el cual en la actualidad ya es insuficiente. En la Provincia se estima que podrían ahorrarse unos $4.000 millones si se anotan unos 2.000 trabajadores.
Habrá otros temas del Ejecutivo que se pondrán a consideración como una iniciativa para declarar de interés provincial la promoción y el desarrollo de la producción y consumo de biocombustibles y bioenergía y reformas en el Estatuto Docente para que los maestros vuelvan a tener representación en las Juntas de Clasificación.
Los proyectos del Ejecutivo
– El retiro voluntario será temporario y por el término de cuatro años, con opción de prórroga por igual término por única vez, o menor, si en el transcurso de ese plazo alcanzare los beneficios de la jubilación.
– El Estado abonará, durante dicho término, el 70% de los haberes normales y habituales del agente, correspondientes al mes anterior al otorgamiento del beneficio.
– El agente conservará el beneficio de la obra social. Percibirá sus haberes en el tiempo y forma en que lo hagan los agentes en actividad.
– Podrán acogerse los agentes públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Tribunal de Cuentas, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Pupilar y de la Defensa, Defensoría del Pueblo, Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos y personal de Comunas Rurales.
– El otro proyecto de ley establece “la prohibición del desempeño de dos o más empleos públicos remunerados en todo el ámbito del Estado provincial”.
– Según la iniciativa, quienes perciban un beneficio previsional -o haber de retiro- proveniente de cualquier régimen previsional “cesarán en el ejercicio de sus funciones o empleo público provincial en un plazo de 30 días, a contar desde la vigencia de la ley”.
– No están abarcados quienes ocupen un cargo “cuya cobertura derive del voto popular”, aclara la iniciativa.
– Se habilita a establecer excepciones «por razones de servicio debidamente justificadas”. Sin embargo, en este caso, el personal deberá optar entre el salario del Estado o sus haberes previsionales.
– Todas estas medidas tienden a reducir el gasto en Personal, sin que se produzcan despidos en el sector público.