De clausurados a denunciantes. En el valle de Tafí todo puede suceder. Los responsables de la organización de la fiesta Seven Party, que fue suspendida por no haber contado con las autorizaciones correspondientes, exigieron a las autoridades de Tafí del Valle que le informen el motivo por el cual no le permitieron realizar el encuentro. Fundamentaron su pedido argumentando que tenían en regla los papeles y hasta habían pagado $500.000 por un supuesto permiso a un particular. Además, anunciaron a los compradores de entradas que harán otro encuentro y, los que prefieran no asistir, se les devolverá el dinero.
“Esta medida intempestiva causó un grave perjuicio a la productora, a los artistas que habían llegado desde Buenos Aires y a los asistentes que compraron su entrada. Por ello, hemos iniciado acciones administrativas y judiciales para esclarecer las responsabilidades de los funcionarios de Tafí del Valle que decidieron, sin causa justa, clausurar el evento”, sostuvo Juan Pablo Bello, representante legal de los organizadores.
Tal como habían anunciado el martes, los responsables de la empresa Tree Night hicieron su descargo. En las redes sociales informaron cómo sucedieron los hechos para tratar de demostrar que ellos fueron totalmente ajenos. Por ejemplo, relataron que mantuvieron contactos con funcionarios tafinistos que les recomendaron que la hicieran en el club Los Cuartos, entidad que sería presidida por el intendente Francisco Caliva.
“Para cumplir con la ordenanza les informamos que no instalaríamos carpa alguna, sí un escenario al aire libre y utilizaríamos el salón que allí se encuentra. Nos aceptaron la propuesta y presentamos toda la documentación pertinente”, explicaron en un documento difundido en Instagram. “Después nos dijeron que deberíamos hablar con el responsable de Defensa Civil para terminar de ultimar los detalles”, agregaron. Allí surge el dato más polémico de la denuncia que realizaron. Según las capturas de imágenes de los chats de WhatsApp, una supuesta funcionaria de Defensa Civil municipal fue quién los habría asesorado sobre las exigencias que debían cumplir para que se los autorizara a realizar la fiesta. Luego, les habría pedido que pagaran $500.000 en concepto de trámites y les habría pasado un CBU. Los organizadores cumplieron con lo pactado y, al realizar la transferencia, descubrieron que se trataba de una billetera virtual que estaría a nombre de una mujer y que no sería una cuenta oficial del municipio, según el comprobante digital que exhibieron en las redes sociales.
“Este pago se realizó dentro de los trámites para la obtención de la carpeta técnica, requisito solicitado por una funcionario del municipio”, señaló el abogado Bello. “Esta circunstancia evidencia, al menos, dos cuestiones: la primera, la plena intervención de personas del municipio, y la segunda, el conocimiento que tenían del evento, lo que descarta totalmente la clandestinidad”, comentó el profesional.
La clausura
Siempre según el descargo que realizaron los responsables de la empresa, el viernes 24, un día antes de que se realizara la fiesta, un grupo de empleados municipales supervisados por el secretario de Hacienda Daniel Berta (el que les habría explicado cuál era la documentación que necesitaban presentarse) en el predio y, además de clausurar el encuentro, le secuestraron todos los equipos.
Ante este panorama, los organizadores, asesorados por su representante legal, presentaron un escrito para solicitar información y la debida notificación de las causales de la clausura, con el fin de garantizar el derecho a defensa. “Todavía no han tenido una respuesta sobre el tema”, indicó Bello. Los organizadores explicaron que se vieron en la obligación de buscar un lugar alternativo para desarrollar la reunión. Eligieron el predio del club San José, que sería jurisdicción de la comuna de El Mollar. “Ante la falta de respuesta por parte del municipio y dada la circunstancia de atropello ocurrida durante la clausura, decidimos buscar una nueva locación”, sostuvieron en el comunicado.
El domingo a la madrugada, la Policía intervino por una denuncia de ruidos molestos. Concurrió al lugar y descubrió que se estaba realizando una fiesta. Al no contar con la autorización correspondiente, la suspendieron. Funcionarios de la comuna de El Mollar libraron el acta de clausura y todavía no les habría notificado de una supuesta multa. LA GACETA no pudo constatar la sanción que le aplicó el Instituto para la Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), aunque fuentes de la fuerza informaron que secuestraron grandes cantidades de bebidas alcohólicas.
Nuestro diario sí se comunicó con el secretario de Hacienda Berta, pero sólo respondió los mensajes de WhatsApp. “Tendrá que comunicarse con la comuna de El Mollar, ya que tengo entendido que la fiesta se hizo ahí”, fue lo único que respondió, no sobre la clausura previa que hubo en Tafí y sobre el pago por los trámites. Al igual que el comisionado Jorge Cruz, no atendió las llamadas.
Ninguna sorpresa
“La verdad que aquí lo único que sorprende es que no haya habido una desgracia”, reflexionó María Lucero Díaz, veraneante de Tafí. “A la usurpación de tierras, a la venta de loteos ilegales, ahora nos tenemos que enterar de las irregularidades que existen a la hora de otorgar autorizaciones o el pago de impuestos por adelantado. Donde vayás hay problemas. Espero que el gobernador (Osvaldo) Jaldo haga algo de una vez por todas”, añadió molesta.
Juan Carlos Rivadeneira aportó otro dato. “Todo el verano hubo fiestas clandestinas en distintas partes de la villa. El jueves de la semana pasada hicieron una y fue suspendida por el llamado de los vecinos. Me cuentan comerciantes amigos que a varios emprendedores les exigían el pago de un canon anticipado, además de todos los que abonaron para poder ser habilitados. Los pagaron calladitos porque sabían que si no lo hacían, no los dejarían trabajar”, informó.
“La temporada ya se acabó. Espero que ahora las autoridades hagan un balance de lo que sucedió, está sucediendo y puede suceder si no intervienen. Estamos hablando de las dos principales villas turísticas que tiene Tucumán para ofrecerle al turista”, explicó Marcelo Pedraza.
Entre el pedido de disculpas y el anuncio de una nueva fiesta
Bajo el título “Reprogramación”, los responsables de la empresa Tree Night anunciaron que realizarán la Seven Party el 28 de febrero en Yerba Buena. “Se hará un nuevo encuentro con los mismos artistas anunciados. Para aquellos que no puedan asistir, se arbitrarán los medios para que no se vean perjudicados económicamente por lo sucedido”, aclaró el representante legal Juan Pablo Bello. “Nuestra intención siempre fue garantizar el evento y por ello nos vimos en la obligación de responder al público brindando el espectáculo prometido y esa voluntad sigue vigente”, señalaron los organizadores. “Por les ofreceremos una de las alternativas para recompensar los inconvenientes causados. Queremos informar la reprogramación de la Seven Party que se realizará en un marco seguro, en la localidad de Yerba Buena el 28 de febrero. Será de acceso libre para todas las personas que adquirieron sus entradas”, anunciaron. En el documento difundido en las redes sociales agregaron: “entendemos la situación y el malestar ocurrido, por eso estamos realizando un evento de tal magnitud para todas las personas que nos acompañaron en estos momentos. Nos disculpamos por lo sucedido y agradecemos el apoyo. Nos vemos pronto”.
Fuente: La Gaceta