El proyecto de “Súper RIGI”, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y quedó a la espera de su tratamiento en el Senado, ofrece un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios más amplio que el régimen original para atraer megainversiones en nuevas industrias, en un esquema que abre una fuerte discusión por el trato preferencial a grandes capitales y el escaso alcance para buena parte del empresariado argentino.
La iniciativa impulsada por el Gobierno fija un piso de ingreso de USD 1.000 millones por proyecto y exige comprometer al menos el 20 por ciento de esa inversión en los primeros dos años. El acceso deberá canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), estructuras societarias creadas exclusivamente para cada emprendimiento, que también podrán ser utilizadas por sociedades constituidas en el exterior.
Entre los principales beneficios previstos por el texto figuran una alícuota del 15 por ciento en el Impuesto a las Ganancias, un gravamen del 3,5 por ciento sobre dividendos y utilidades, eliminación inmediata de derechos de exportación, exención total para importaciones vinculadas al proyecto, libre disponibilidad progresiva de divisas hasta llegar al 100 por ciento en el tercer año y una contribución patronal reducida al 10 por ciento para nuevas relaciones laborales.
A esas ventajas se suma una estabilidad normativa por 30 años en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social, junto con la posibilidad de recurrir a arbitrajes internacionales en caso de controversias con el Estado, uno de los puntos que más objeciones despierta entre sectores opositores y especialistas.
El oficialismo sostiene que el “Súper RIGI” apunta a actividades que hoy no existen en la Argentina o permanecen en fase experimental, como grandes centros de datos para inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital estratégica. La promesa oficial es que este andamiaje permitirá acelerar exportaciones, generar empleo y crear nuevas cadenas de valor en industrias consideradas clave para el futuro.
Sin embargo, el diseño del régimen también deja expuesto su principal sesgo. El proyecto excluye expresamente iniciativas de ampliación, modernización o reconversión de instalaciones preexistentes y fija una vara de ingreso que, en los hechos, deja afuera a la inmensa mayoría de las empresas argentinas, incluso a grupos de peso que no operan en la escala de desembolsos exigida.
Ese punto concentra buena parte de las críticas del empresariado nacional y de la oposición política, que advierten que el esquema prioriza la radicación de capitales globales con beneficios excepcionales, pero ofrece pocos incentivos concretos para fortalecer el entramado productivo ya existente o para potenciar a empresas locales que busquen crecer sobre capacidades instaladas.
La discusión también alcanza a las provincias. Para adherir al régimen, deberán aceptar compromisos de estabilidad fiscal y límites a la carga tributaria local, ya que el proyecto establece que Ingresos Brutos no podrá superar el 0,50 por ciento para estos emprendimientos y restringe además la aplicación de tributos sobre diversos actos y contratos vinculados a la inversión.