“Hemos pedido al Poder Judicial que investigue no sólo a este señor (Juan Pablo) Castro, sino también a cualquier funcionario, sea actual o de gobiernos anteriores, que haya participado en la firma de documentación irregular”, sostuvo el gobernador Osvaldo Jaldo en una entrevista que se pudo escuchar en “Verano Play” de LG Play. Esas palabras fueron un claro mensaje, puertas dentro y fuera de la Casa de Gobierno y de otras reparticiones estatales.
El titular del Poder Ejecutivo emitió ese claro mensaje después de ponerse al tanto de las novedades del caso en el que se investiga la venta de terrenos de la Reserva Natural de La Angostura, en El Mollar. La fiscal de Estado Gilda Pedicone fue la encargada de transmitirle los datos que recolectaron sus colaboradores y que engrosan la carpeta con pruebas que presentaron en la Justicia. Ya existe una teoría que deberá ser analizada por los investigadores del Ministerio Público del Centro Judicial Monteros. Un caso que complicaría procesalmente al titular del “Loteo Gaucho Castro”, funcionarios y empleados de varias áreas del Gobierno, profesionales y hasta a una escribana.
En octubre pasado, en una inspección de rutina, empleados estatales descubrieron que desconocidos estaban ocupando tierras fiscales en el perilago. Al confirmarse la situación, la Provincia presentó en la Justicia el caso. Una jueza resolvió dictar una medida cautelar para evitar nuevas ventas y que los ocupantes sigan construyendo con el único propósito de preservar el medio ambiente de la zona.
Cambio de teoría
Los compradores de terrenos del “Loteo Gaucho Castro” se presentaron en la Fiscalía de Estado y presentaron toda la documentación que les entregaron cuando adquirieron los terrenos. Argumentaron que esas eran pruebas suficientes para demostrar que eran compradores de buena fe y que la Provincia no podía hacer ningún reclamo. Pero esos papeles terminaron siendo las evidencias que necesitaba para determinar que estaba ante una situación irregular. Como si se tratar de un rompecabezas, Pedicone y un equipo de abogados se encontraron con un montó de fichas. En las últimas horas terminaron de acomodarlas.
Todas las dudas que existían en este caso terminaron despejándose. Habría pruebas suficientes para sospechar que se inventó un proyecto autorizado por un organismo del Estado. Una vez que comenzaron con la comercialización de las parcelas, empezaron a buscar presentar papeles para tratar de legalizar la titularidad del predio que se estaba vendiendo. “La Justicia tendrá que determinar quién colaboró”, aseguró Pedicone.
“No puede ser que digan que las tierras que compramos son fiscales si hay un plano que fue aprobado por el mismo Estado”, dijo Alberto Cativa uno de los compradores. Firmado en diciembre de 2020 por una profesional de la Secretaría de Municipios y Comunas, ese fue el documento que utilizó el comisionado de El Mollar Jorge Cruz para asegurar que todo estaba en regla, según lo pudo escuchar en un video en el que lo filmaron cuando se reunió con los adquirientes. “Ese es tan sólo un paso administrativo. Legalmente, un emprendimiento de estas características culmina cuando la Dirección General de Catastro confirma todo y entrega un número de padrón para que el bien sea escriturado, sino es imposible que lo hagan”, explicó el titular de ese organismo Alejandro Navarro.
El origen
“Las tierras son de Castro. Él tiene la posesión desde hace mucho tiempo. No sé de dónde salen ahora que es parte de una reserva”, aseguró Cecilia Vallejos, otra de las damnificadas. Se sabía que al titular del emprendimiento le habían otorgado un permiso de pastoreo, pero no se sabía quién ni cuándo. Ayer se conoció que la autorización fue firmada en una oficina de la Secretaría de Regularización Dominial y de Hábitat y no la Dirección General de Flora y Fauna, la repartición que la debería haber otorgado por tratarse de una reserva natural. Eso no es todo, según confiaron fuentes del Gobierno, ese documento fue firmado en 2021, meses después de que supuestamente se autorizara el proyecto. Cuando quisieron profundizar esta línea, descubrieron que había desaparecido.
Ese es tan solo uno de los indicios que serviría para confirmar la teoría que después de haber comenzar a vender las tierras, los responsables comenzaron a firmar documentos para justificar su legalidad. Para autorizar un proyecto inmobiliario, los titulares deben presentar informes de factibilidad, es decir, escritos con los que se demuestren que no generará un impacto ambiental o si los futuros ocupantes tendrán acceso a servicios esenciales como agua potable y energía eléctrica. “Compré el terreno en abril de 2023 y la cañería del agua pasaba por la puerta del lote y ya estaban puestas las columnas de EDET, sólo faltaba el cableado”, expresó Julio, otro de los engañados.
Sin embargo, en el expediente figura que el secretario de Regularización Dominial y Hábitat Fernando Rogel firmó en 2023 una constancia que decía que Castro estaba en proceso de escrituración de las tierras para que lo presentara en EDET. En agosto de ese mismo año, el delegado Cruz recién le puso rúbrica a la nota de factibilidad para que los compradores puedan contar con agua potable, servicio que está a cargo de la comuna. No existe ninguna documentación que informe ambiental y es poco probable que haya uno. Es imposible que se autorice a construir más de 50 viviendas en una reserva.
LA GACETA pudo confirmar ayer que la Reserva Natural La Angostura fue inscripta como bien de la provincia, en mayo de 1996, a través de un decreto firmado por el ex gobernador Antonio Domingo Bussi. “Eso es lo único que importa. Ese trámite deja sin efecto cualquier tipo de dudas”, aseguró Navarro.
En Tribunales
“La denuncia fue presentada contra Castro porque es el titular del proyecto, pero queda mucho camino por recorrer y analizar”, sostuvo la fiscal Pedicone. Las sospechas de que detrás de ese hombre de 85 años hay otras personas que utilizaron su nombre crece con el correr de las horas.
Los nombres del delegado comunal Cruz y del secretario Rogel son algunos y un tal Damían, que sería nieto político del octagenario y cara visible de la comercialización de los lotes. En la lista también aparecen los profesionales que firmaron los planos presentados y hasta los titulares de las escribanías en las que se firmaron los boletos de compra-venta, el único documento que tienen las personas que adquirieron los terrenos. “Los profesionales tienen la obligación legal de certificar que los papeles que están presentando están en orden. La Justicia deberá determinar su responsabilidad cuando investigue el caso”, aclaró la Fiscal de Estado.
Pero la Provincia, que asumirá el rol de querellante en la causa, está analizando otra cuestión. Castro habría beneficiado a terceros a través de una cesión de acciones o derechos de posesión de varios terrenos que formaban parte del loteo. Básicamente están buscando los nombres de las personas que lo recibieron sin abonar un peso. No descartan que sean personas que hayan tenido algún tipo de intervención en el caso.
Fuente: La Gaceta