Después de varios días en los que la cotización del dólar trazó el rumbo de la agenda política y económica, el Gobierno pondrá en marcha el último aumento de la Tarjeta Alimentar, que se utiliza para asistir a las personas más vulnerables a cubrir sus necesidades nutricionales básicas. Sin embargo, desde que se lanzó este instrumento, la cantidad de beneficiarios se acrecentó y los fondos no son suficientes para cubrir la canasta básica que marca la línea de la indigencia.
Hace unas semanas, el Gobierno dispuso un aumento del 35% en los montos que otorga la Tarjeta Alimentar para contener el impacto de la suba de los precios de los alimentos, que en 2022 fue de 95% y acumuló en el primer trimestre de este año un incremento del 28,2%.
Con la actualización de los montos de la tarjeta, a partir de mayo, una familia con un solo hijo o hija de 0 a 14 años que también reciba la AUH percibirá $17.000, mientras que quienes tengan dos hijos cobrarán $26.000 y quienes tengan tres hijos, $34.000.
Sin embargo, si se tienen en cuenta las últimas cifras disponibles del INDEC, que mostraron que en marzo una familia de cuatro integrantes necesitó $87.719 para adquirir la canasta básica alimentaria, la prestación alimentar para los que tengan dos hijos solo llegará a cubrir un 29,64% de ese monto. Dicho de otro modo, la Tarjeta Alimentar alcanza para saldar un tercio de la canasta necesaria para no caer bajo la línea de la indigencia.
Si la comparación se realiza para el caso de una familia de tres personas, que necesitan $69.835 para no ser considerados indigentes, la prestación alimentar de $17.000 llega a cubrir el 24,34% de ese requerimiento, mientras que para una familia de cinco personas –dos adultos y tres niños según las determinaciones de INDEC-, cubrirá un 36,85% de la canasta de alimentos si percibe la prestación de $34.000.
La Tarjeta Alimentar está destinada a la compra de alimentos por parte de familias en situación de vulnerabilidad. Los destinatarios de la prestación son las madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas a partir de los 3 meses de gestación que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.
“Desde 2020, la Tarjeta Alimentar representó en promedio el 84% del total de recursos asignados a las políticas alimentarias desplegadas por el gobierno nacional, convirtiéndola en la acción más importante al momento de garantizar la seguridad alimentaria”, asegura un informe realizado por la fundación Éforo.
Esta tarjeta permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas, se deposita mensualmente y de forma automática. La Prestación Alimentar se comenzó a implementar en diciembre de 2019 y en 2021 se efectivizó mediante una acreditación mensual de fondos a sus titulares, como un complemento al ingreso familiar para el acceso a los alimentos.
Desde el momento en que comenzó a implementarse, la cantidad de personas titulares de esa prestación social se incrementó, especialmente durante la emergencia sanitaria decretada por la pandemia de coronavirus.
Según datos informados por la jefatura de Gabinete al Congreso, en 2020 había 1.780.323 titulares de la Tarjeta Alimentar, mientras que el último dato disponible arroja que en febrero de 2023 eran 2.378.687 personas que reciben la asistencia. De ese total, 889.721 se encuentran en la Provincia de Buenos Aires, 177.314 en Córdoba, 161.731 en Santa fe y 114.701 en Tucumán.
De acuerdo a la investigación de Éforo, entre 2019 y 2022 se produjo el incremento más marcado de beneficiarios de las políticas alimentarias y se destinaron más fondos para esas asistencias. “Durante el período 2008-2019, las políticas alimentarias representaron en promedio un 0,11% del PBI. A partir de 2020, y en el marco de la emergencia sanitaria, se verifica el salto más significativo en los últimos 14 años. En ese mismo año, las prestaciones alimentarias alcanzaron un 0,48% del PBI”, indica el escrito.
“En 2022 los recursos públicos asignados a las políticas alimentarias se estabilizaron en el orden del 0,51% del PBI, apenas inferior al 0,52% destinado en 2021″, sostiene, aunque también precisa que el incremento en la inversión al programa tiene que ver con la ampliación en la cantidad de beneficiarios en los últimos años.
El efecto de la inflación y el saldo social que viene
La aceleración de precios impacta especialmente sobre los sectores más vulnerables. La inflación del primer trimestre continuó con la tendencia regresiva del 2022, es decir, que afectó más a ese segmento social y las perspectivas para lo que viene no son positivas. Según cálculos de la consultora Ecolatina, hasta marzo un ingreso familiar compuesto por dos salarios mínimos y dos AUH no llegaban a cubrir una canasta básica familiar total que marca el umbral de la pobreza. En concreto, esos recursos permiten cubrir el 88% de lo necesario para que ese hogar no sea considerado pobre.
El Gobierno insiste en programas de acuerdos de precios como Precios Justos, pero lo cierto es que ese plan, así como las versiones anteriores de la Secretaría de Comercio, no dieron los resultados esperados y provocaron una mayor dispersión entre las grandes cadenas y los comercios de cercanía.
Es decir, que los consumidores que normalmente realizan sus compras en supermercados consiguen productos más baratos que los que se ofrecen en los comercios de barrio, pero en esos centros es donde los hogares de menores ingresos hacen la mayoría de sus compras.
Además, eventos como la escalada del dólar de los últimos días generan, entre otras cuestiones, remarcaciones de precios que alentarán a acelerar aún más los índices de inflación para los próximos meses. En este contexto, para el primer semestre se espera un aumento de la pobreza de al menos el 42% desde el piso de casi 40% que quedó consolidado a finales de 2022.