Unión por la Patria, junto a un grupo mayoritario de legisladores de Encuentro Federal y de Democracia para Siempre, firmaron el dictamen de mayoría —con 29 firmas— en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, encabezadas por Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Silvia Lospennato (PRO), respectivamente.
El fundamento principal fue la no aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso.
Además, hubo un dictamen de rechazo rubricado por los libertarios y sus aliados del PRO, con 19 firmas, y otro de minoría con siete adhesiones, impulsado por un sector disidente de Democracia para Siempre y Encuentro Federal, entre ellos el diputado Juan Brügge (Democracia Cristiana).
Este grupo considera que el ministro Guillermo Francos debe concurrir al recinto para ser interpelado, aunque sin promover aún una moción de censura.
El diputado Fernando Carbajal, del bloque de radicales críticos de Democracia para Siempre, explicó a TN: “El artículo 101 de la Constitución Nacional es una interpelación. Está previsto también el mecanismo de la moción de censura, pero si el resultado de la interpelación no logra el objetivo, entonces sí se abre el procedimiento de la moción de censura. Entendemos que lo correcto es llamar a la interpelación y, si no logramos que el jefe de Gabinete entienda la gravedad de los actos y revierta la política pública, está la posibilidad de avanzar en otro estamento”.
El texto del dictamen de mayoría, defendido por Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), dispone la citación de Francos “a los efectos de ser interpelado por la decisión de suspender la ejecución de la Ley 27.793 de emergencia en materia de discapacidad, dejándose establecido que la moción de censura será decidida por la Honorable Cámara en la misma sesión, una vez terminada la interpelación”.
Agost Carreño aclaró que “primero, vamos a interpelar, que explique los motivos, las razones y las circunstancias por las cuales decidió no cumplir con una ley. Luego proceder al voto si se tiene confianza o no en el Congreso respecto de las respuestas que ha dado, y si las explicaciones brindaron la confianza necesaria”.
Desde el PRO, la diputada Silvana Giudici sostuvo que “el instituto de la moción de censura no solo en este caso es desproporcionado, sino que además no está reglamentado. Cuando se aplica con desmesura, desproporcionadamente o para ejercer un control político, lo que está generando es un intento de desestabilización”.
El pasado 22 de septiembre, el Gobierno nacional promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que establece la pensión no contributiva por discapacidad para protección social, actualiza aranceles de prestaciones básicas y prevé compensaciones económicas a prestadores.
Sin embargo, la aplicación de la norma quedó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto nacional, según lo dispuesto por el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Esa decisión generó el rechazo de un amplio abanico de legisladores opositores, de ambas cámaras del Congreso, y motivó el avance de una interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Los dictámenes ya quedaron habilitados para llegar al recinto de la Cámara de Diputados, donde —de aprobarse— se fijará una fecha para que el ministro se presente a responder preguntas.
En principio, enfrentará una interpelación, lo que desactiva por ahora el pedido directo de remoción del ministro coordinador.
Qué es la moción de censura
La moción de censura es un procedimiento mediante el cual el Poder Legislativo puede exigir responsabilidad política al Ejecutivo.Se desarrolla en dos etapas:
1-Interpelación previa: requiere la aprobación de un pedido de interpelación para habilitar el tratamiento de la moción de censura. Puede ser promovida en cualquiera de las cámaras y necesita mayoría absoluta de los miembros.
2-Ejecución de la moción: también demanda mayoría absoluta sobre el total de cada cámara y su efecto es la remoción del funcionario interpelado. Sin embargo, la Constitución no impide que el Presidente vuelva a nombrarlo.