La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) realizó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por incumplimiento de los deberes de funcionario público y presentó un amparo para exigir la aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica.
La ley, aprobada por el Congreso y reglamentada recientemente por el propio Poder Ejecutivo, quedó paralizada hasta tanto no se determine específicamente de dónde provendrán los fondos para su aplicación. Como contraparte, el Gobierno anunció a principios de mes una inversión de 30 mil millones de pesos en el Hospital Garrahan.
Pese a esta medida del Ejecutivo, la APyT presentó también un amparo colectivo ante la Justicia federal para exigir la ejecución inmediata de la ley.
“El Poder Ejecutivo comete un delito flagrante al negarse a cumplir con una ley votada por abrumadora mayoría y respaldada por toda la sociedad”, afirmó Norma Lezana, secretaria general de la APyT y trabajadora del Hospital Garrahan.
Lezana hizo referencia además al decreto publicado por el Gobierno a principios de esta semana, el cual suspende suspendió la aplicación de las leyes de emergencia pediátrica: “Dicen que no pueden aplicarla sin desfinanciar otros programas, pero no consideran alternativas como gravar grandes fortunas o eliminar exenciones a sectores privilegiados. Eso demuestra una decisión política, no una imposibilidad económica”, remarcó.
“Es insólito que un gobierno actúe de forma antidemocrática y autocrática. Denunciamos penalmente a los firmantes del decreto que promulga la emergencia pero dice no poder aplicarla por falta de fondos. Eso no se puede admitir en un Estado de derecho”, sostuvo Lezana en el comunicado.
La denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público incluye también al ministro de Salud, Mario Lugones, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Economía, Luis Caputo. Desde el gremio los responsabilizan por el incumplimiento de la ley. Además, la organización anunció que promoverá una campaña nacional para pedir al Congreso que active un juicio político contra los funcionarios mencionados, según el sitio infogremiales.