“La situación no da para más”. Con esa afirmación, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) presentó el estudio de costos del servicio de colectivos ante el Concejo Deliberante. Según el mismo, el boleto en Tucumán debería duplicar su valor y escalar a $2.400. Mientras, las autoridades estatales analizan soluciones para el conflicto que en las últimas semanas se amortiguó con compensaciones tarifarias anticipadas.
La entidad presidida por Daniel Orell ingresó al cuerpo parlamentario un análisis propio de cómo algunos incrementos -sobre todo, en combustible y salarios- afectan a la actividad. “Las empresas han acompañado hasta hoy el momento de crisis que vive la sociedad toda y aguantando en sus espaldas con descapitalización las compensaciones por debajo de los costos de explotación”, declara el documento, que luego pide una “urgente resolución”.
Los números
Los cálculos fueron efectuados al 9 de abril de este año. Según los números que manejan los empresarios -que, aseguraron, son similares a los expuestos por la Municipalidad capitalina- el consumo por kilómetro es de $722,74, con un promedio de 1,6 millón de kilómetros recorridos entre agosto y noviembre de 2025. El combustible posee una incidencia del 15,25% en el total calculado.
En tanto, el costo laboral mensual (que representa el 35% de los gastos fijos) de la Aetat supone más de $280 millones, considerando administrativos, choferes, inspectores, mecánicos, asesores y demás empleados.
Por aquellos números y otros conceptos de menor incidencia es que los empresarios sostienen que el boleto del transporte debería costar $2.397,73 (hoy en $1.250). A su vez, exponen que sin subsidios nacionales y provinciales, la tarifa llegaría a los $4.336,28. La Provincia transfiere al servicio público de pasajeros unos $4.900 millones mensuales (recientemente se anunció un adelanto de las compensaciones por $2.000 millones), mientras que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán destina unos $1.500 millones entre el Atributo Social de la SUBE, el Boleto Estudiantil Municipal (BEM), y el reciente anticipo por $900 millones.
Análisis de propuestas
El gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Rossana Chahla se refirieron recientemente a la problemática del transporte. En el marco de la VIII Asamblea Nacional de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, la jefa municipal insistió en que se le debe dar una mirada metropolitana al asunto. “Las soluciones van a venir con un diagnóstico de situación de todo el transporte público de la provincia de Tucumán, que se está haciendo, eso por un lado. Y ya tenemos dos o tres propuestas que va a traer la gente del transporte”, dijo en conferencia de prensa.
Chahla remarcó que la Municipalidad tiene “los pliegos listos” de las líneas con documentos vencidos, pero que no se avanza en ellos para resolver la situación laboral de los empleados del sector. “Me pidió el gobernador que veamos el caso puntual de la gente de la UTA (por la Unión Tranviarios del Automotor), porque hay gente que está para jubilarse y no tienen sus aportes; gente a la que le faltan años, entonces tenemos que ver ese diagnóstico de situación”, manifestó.
En tanto, el mandatario provincial afirmó que entre los poderes del Estado se analiza “cómo mejorar el servicio, hacerlo más eficiente, ejercer más control sobre los prestadores del servicio y, por qué no, llegar a una licitación pública nacional del servicio público de pasajeros en la provincia de Tucumán.
Jaldo aseveró que la problemática con el transporte público excede a la Provincia y se extiende a nivel nacional, y repartió responsabilidades al Gobierno encabezado por Javier Milei. “Es una actividad deficitaria, y como es un servicio esencial, el Gobierno nacional venía haciendo un aporte que se dejó de hacer, y la provincia y el municipio nos hicimos cargo de toda esa retirada de responsabilidad del Gobierno nacional sobre el transporte público de pasajeros. Y es ahí donde nosotros empezamos a hacer la compensación para que Tucumán pueda tener transporte” subrayó.
También el gobernador declaró que la crisis devenida del aumento del gasoil debe ser atendida por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). “Esta es una responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional; tiene que dar una solución en contener los precios de las energías, porque nuestras economías no van a poder tener rentabilidad si tenemos costos energéticos elevados”, consideró.
Fuente: La Gaceta