El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) que ratificó la decisión de primera instancia y declaró nulo el contrato por la concesión del servicio de estacionamiento medido en la Capital dio lugar a que la Municipalidad pueda reimpulsar este sistema, incluso, con una nueva versión. Pero, por ahora, desde 9 de Julio y Lavalle no tienen una decisión tomada.
“Lo estamos estudiando desde antes de que salga la sentencia”, indicó la intendenta Rossana Chahla ante una consulta de LA GACETA, en una rueda de prensa que brindó tras el acto por el inicio de las obra hídricas en el Barrio 360 Viviendas.
La jefa municipal explicó que, junto a su equipo, se analizaron los antecedentes de diferentes ciudades del mundo, y se están contemplando “los distintos (modelos) de estacionamiento medido” para la ciudad.
En esa línea, advirtió que se deberá adecuar el pliego de bases y condiciones, un instrumento que debe ser analizado por el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán.
Sin embargo, Chahla aclaró que también se está poniendo sobre la balanza “la situación económica”. “Sabemos que el estacionamiento medido ordena una ciudad, ordena el tránsito; de eso estamos convencidos”, profundizó la intendenta. Pero añadió que también se considera “en qué medida esto no sea un costo más al vecino”. “También estamos estudiando eso”, añadió la jefa municipal.
El caso, con decisión
Esta semana, la Corte de Tucumán se pronunció respecto a una acción de amparo colectivo que se había interpuesto en 2022. Con la firma de los vocales Daniel Leiva, Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos, el máximo tribunal local rechazó el recurso de casación interpuesto por la unión transitoria de empresas (UTE) Tecno Agro Vial, ratificando la sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que había declarado la nulidad absoluta de la concesión otorgada durante la gestión del ex intendente Germán Alfaro.
En concreto, el tribunal de primera instancia, con los votos de las juezas Ana María José Nazur y Felicitas Masaguer, entendió que, al momento de formular la oferta al municipio para quedarse con el servicio, la empresa Tecno Agro Vial (integrante de la UTE junto a Teknoware SA) estaba concursada, algo que constituía un impedimento para contratar según el pliego de bases y condiciones (PBC) establecido para brindar el servicio. “(La firma) violó el principio de buena fe contractual, que resulta plenamente aplicable para los contratos administrativos como el aquí analizado”, señalaron las juezas.
En la sentencia, además, pusieron el foco sobre la “razonabilidad” del canon fijado en aquel acuerdo, que alcanzaba el 15% de lo recaudado en unas 300 cuadras del centro y zonas aledañas.
Finalmente, declararon nulo el decreto municipal 4.711/21, dictado para adjudicar la concesión del estacionamiento pago, tal como requerían los distintos actores en este amparo colectivo (la Defensoría del Pueblo de Tucumán, la asociación de usuarios “Fodecus” y “cuidacoches”, entre otras entidades y particulares).
La empresa había recurrido al máximo tribunal provincial. El dictamen del Ministerio Público Fiscal (MPF) ya había implicado un revés a sus pretensiones, y esta semana finalmente la Corte de Tucumán dictó la sentencia que resuelve no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por Tecno Agro Vial UTE. Pese a que la empresa adelantó que llevará el caso a la Corte nacional, el municipio quedó en condiciones de celebrar una nueva licitación, aunque no hubo definiciones.
Fuente: La Gaceta