Pese a la postura de los gremios duros que el mismo día del paro general renovaron la presión para escalar en la estrategia de confrontación contra Javier Milei, la mayoría moderada de la conducción de la CGT está decidida a aflojar en su ofensiva y retomar las gestiones por un acercamiento con el Gobierno que se interrumpieron en la previa a la huelga del último jueves. La apuesta por la búsqueda de una tregua por parte de la dirigencia sindical quedó latente desde la jornada de protesta y se aceleró a partir de los intercambios informales que en los últimos días mantuvieron algunos gremialistas con funcionarios libertarios.
La foto que compartieron el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de la Uocra, Gerardo Martínez, en un evento conjunto el sábado por la tarde en la Feria del Libro, podría ser el primer paso hacia una reformulación en el vínculo. Incluso, un dato -confirmado por fuentes sindicales- abonó esa interpretación: el funcionario aprovechó la conversación informal con el sindicalista para transmitirle cierta aspiración de la Casa Rosada de sumar también a la CGT al Pacto de Mayo que Milei lanzará el 25 de mayo en Córdoba junto a los gobernadores.
«Si auspician que el sindicalismo también sea parte vamos a analizarlo», afirmó un dirigente de la primera línea cegetista. Otros insistieron en mostrar su desconfianza hacia el Ejecutivo justificados en las renovadas críticas del Presidente a los gremios. «El paro no tiene nada que ver con un reclamo sindical. Es directamente una acción política en contra del Gobierno”, acusó Milei en un reportaje publicado este domingo por el diario chileno El Mercurio.
La mesa chica cegetista tiene agendado un encuentro para esta misma semana destinado a analizar el impacto del paro, que se sintió con fuerza por la adhesión de los gremios del transporte, pese a que los comercios abrieron y hubo movimiento en las calles, y generó pérdidas económicas por 520 millones de dólares, según las estimaciones del Gobierno. Pero el debate principal del encuentro se enfocará en los próximos pasos de la estrategia sindical.
Allí la intención de los sectores mayoritarios de la conducción (los grupos de los «gordos», con Héctor Daer a la cabeza, y los denominados «independientes» que, ademas de Martínez, componen Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri) es contener los reclamos del espacio más combativo, donde se enrola Pablo Moyano y recientemente Luis Barrionuevo -quien mantiene una dura disputa con el Gobierno por el control del gremio gastronómico porteño-, que pugnan por avanzar en un esquema de paros a repetición para profundizar su embestida contra la administración libertaria.
Los dialoguistas, en cambio, están decididos a habilitar un camino de acercamiento a la Casa Rosada mientras aguardan por la definición del tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. «Con el paro se planteó la preocupación de la sociedad por el nivel del ajuste y el impacto de las medidas económicas en la caída de la actividad y el deterioro de los ingresos. Ahora hay que ver cómo nos ayudamos mutuamente para salir de esta situación», apuntó un importante referente del sector sindical moderado. Otro gremialista del mismo espacio amplió sobre la misma idea: «se advirtió sobre los daños colaterales de la política económica, el diálogo abierto sigue latente y es posible avanzar con nuevas gestiones para resolver algunos temas«.
En esa línea ya se rehabilitaron algunos canales, más allá del gesto compartido entre Francos y Martínez. En reserva una delegación sindical inició la semana pasada conversaciones con la Superintendencia de Servicios de Salud, que comanda el ex OSDE Gabriel Oriolo, por los fondos de las obras sociales sindicales.
La ronda de encuentros, que continuará en los próximos días y es encabezada por Lingeri (Obras Sanitarias) en representación de la CGT, apunta a avanzar en algún tipo de entendimiento por la distribución de los millonarios recursos del denominado Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre de una parte de los aportes de trabajadores y empleadores y cuya función en asistir a las prestadoras sindicales en el financiamiento de los tratamientos médicos de alta complejidad. Sin embargo, en los últimos tiempos cerca del 90% de los recursos de FSR se destinaron al financiamiento de los gastos de transporte y educación de discapacitados, situación que profundizó la crisis de las obras sociales.
Ahora la CGT busca que las autoridades del Gobierno destraben nuevos recursos para el pago de los gastos de discapacidad, de manera de liberar los fondos del FSR para su objetivo original. «Vemos que hay voluntad, esperamos poder llegar a un entendimiento», afirman en la conducción cegetista. No obstante, temen que se repita la experiencia de 2023 cuando durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa lograron incluir en el Presupuesto una partida específica de $132.000 millones para costear los rubros de discapacidad por fuera del Fondo, pero hasta diciembre pasado -cuando culminó la administración kircherista- solo se habían transferido $ 70.000 millones. Si bien esos recursos estaban presupuestados, la flamante gestión de Milei suspendió en enero su distribución y en paralelo recortó a las obras sociales otros $ 5.000 millones correspondientes al programa SUR que subsidia los tratamientos de alta complejidad.