Una de las maniobras fraudulentas más importantes de los últimos años en el sur de Tucumán quedó al descubierto tras una investigación judicial que reveló una trama de estafas reiteradas por más de $136 millones. Tres hombres permanecerán detenidos acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a defraudar empresas mediante cheques sin fondos, falsas transferencias y firmas inexistentes.
La causa, considerada por los operadores judiciales de Concepción como la segunda estafa más grave registrada en la región —sólo por detrás del caso PEK Capital, actualmente paralizado por cuestiones de competencia entre la Justicia Federal y la ordinaria—, comenzó con una denuncia aislada y se transformó en una compleja investigación de alcance provincial.
Según los detalles brindados por el Ministerio Público Fiscal, todo comenzó cuando el representante legal de una empresa denunció que tres sujetos realizaron una millonaria compra con cheques sin fondos. Inicialmente, los acusados aseguraron que se trataba de un error administrativo y que iban a reparar el daño. Sin embargo, días después ingresó una segunda denuncia en su contra, lo que encendió las alarmas del sistema judicial.
El fiscal Diego Hevia tomó las riendas del caso y, al revisar antecedentes, halló al menos nueve denuncias más contra los mismos acusados, radicadas en los centros judiciales de San Miguel de Tucumán y Monteros. Las causas fueron acumuladas y se solicitó la prisión preventiva de los tres implicados, lo que fue concedido por el juez Raúl Ángel Robín Márquez, pese a la oposición de las defensas.
Los acusados fueron identificados como Antonio Sebastián Coronel (30 años), Eduardo Ariel Aráoz (48) y Jorge Gustavo López (47). Durante la audiencia de formulación de cargos, el auxiliar fiscal Juan José Ibáñez detalló el modus operandi del trío, que operó entre mayo de 2024 y febrero de 2025.
La mecánica era siempre similar: los estafadores se presentaban como hijos o allegados de reconocidos empresarios del sur tucumano o como empleados de ingenios azucareros. Alegaban ser titulares de empresas agropecuarias inexistentes para realizar compras importantes en firmas proveedoras. Para concretar las operaciones, mostraban comprobantes de transferencias bancarias falsas o cheques electrónicos sin fondos. En todos los casos, las compras eran retiradas por las mismas camionetas.
Entre los elementos adquiridos se contabilizan materiales de construcción por más de $ 50 millones, equipamiento agrícola por más de $19 millones y al menos diez equipos de aire acondicionado valuados en más de $ 40 millones. Parte de esos bienes fue recuperado en allanamientos realizados en diferentes domicilios, aunque muchos aún no fueron localizados.
El fiscal Hevia imputó a los tres hombres por el delito de asociación ilícita en concurso con estafas reiteradas y solicitó que permanezcan con prisión preventiva durante al menos tres meses, mientras continúa la recolección de pruebas.
El caso despertó fuerte preocupación en el sector empresarial del sur provincial, dado que muchas de las firmas perjudicadas poseen trayectoria y solidez en rubros claves como el agro, la construcción y el comercio de insumos industriales.
La causa sigue abierta, y no se descarta que surjan más denuncias a medida que otras víctimas reconozcan el modus operandi. Las autoridades judiciales evalúan si existieron más implicados y si el grupo pudo haber actuado también fuera de la provincia.