Una de las mayores incógnitas que se le planteaba al régimen de regularización de activos pasaba por la falta de definición acerca de la adhesión de las provincias al blanqueo. La inquietud fue planteada por los colegios de graduados en Ciencias Económicas y por los empresarios que querían certezas de que las jurisdicciones subnacionales no aprovecharían el sistema para incrementar la carga del impuesto sobre los Ingresos Brutos. En Tucumán, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, confirmó a LA GACETA que la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo acompañará al programa instrumentado por el Gobierno nacional y que se tradujo en un proyecto de ley que ya está en poder de la Legislatura para su tratamiento.
“La promulgación será inmediata, en la medida que la Cámara sancione la iniciativa”, remarcó el titular de Hacienda. Abad señala que el régimen establece que aquella persona que blanquee bienes tiene la posibilidad de evitar una mayor carga impositiva por sus tenencias. Uno de los objetivos que se plantea el instrumento es que los sujetos que tributaban en Argentina al 31 de diciembre de 2023 y dejaron de hacerlo, vuelvan a apostar por el país retornando su domicilio fiscal y pagando sus impuestos en la Argentina.
La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), advirtieron la necesidad de que las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios adhieran al Régimen de Regularización de Activos (blanqueo) para “garantizar la efectividad” de la medida.
Ambas entidades consideraron clave esa adhesión para “estimular a los contribuyentes a normalizar sus tenencias y bienes” y que estos no se vean luego afectados teniendo que afrontar costos provinciales. “El acompañamiento legislativo local fortalecerá la decisión de los contribuyentes de normalizar sus tenencias y bienes, y permitirá un alivio fiscal integral que abarque tanto los tributos nacionales como los subnacionales”, señalaron.
¿Cómo funciona?
El blanqueo está contemplado en la Ley 27.743 bautizada “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes” y que detalla que el dinero negro ingresado en el sistema financiero deberá quedar hasta el 31 de diciembre de 2025 o se inviertan en destinos autorizados. Además, quienes regularicen bienes o tenencias por hasta U$S 100.000 estarán exentos del pago de impuestos. La normativa también facilita la adhesión de personas que perdieron su residencia fiscal antes del 31 de diciembre de 2023, quienes podrán recuperar su residencia a partir del 1° de enero de 2024.
El régimen establece tres etapas con alícuotas decrecientes: hasta el 30 de septiembre de 2024 con una alícuota del 5%, hasta el 31 de diciembre de 2024 al 10%, y hasta el 31 de marzo de 2025 al 15%.
Los bienes a blanquear deben estar en posesión del contribuyente al 31 de diciembre de 2023 y acreditarse en la declaración jurada correspondiente.
El dinero en efectivo debe ser depositado en una cuenta especial de Regularización de Activos para evitar el pago de impuestos y debe regularizarse antes del 30 de septiembre de 2024.
Otros beneficios del blanqueo de capitales, impulsado por el Gobierno nacional, incluyen la exención de acciones civiles y penales por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas, y la posibilidad de adelantar el pago de Bienes Personales de 2023 a 2027 con una alícuota de 0,45% anual.
Fuente: La Gaceta