El Gobierno provincial tuvo que elaborar dos decretos distintos de jura para los comisionados en vez de uno para la ceremonia del sábado, en el Teatro Mercedes Sosa. Uno, incluyó a 91 de los 93 delegados comunales que efectivamente quedaron en funciones y otro, con el nombre de la subdelegada de Medinas, Teresa del Carmen Gómez. Sucede que quien resultó reelecto para gobernar ese pueblo del departamento Chicligasta es Diego Víctor Figueroa, el dirigente del oficialismo que está procesado y detenido acusado de liderar una banda que habría concretado un secuestro extorsivo.
Gómez, que quedó como interina, ya venía reemplazándolo en sus funciones. Continuará porque secundó al acusado en la boleta por la lista oficial del Frente de Todos en las elecciones provinciales de junio. La asunción del titular quedó en suspenso hasta tanto se resuelva la causa que se tramita en la Justicia Federal.
Más allá de las medidas judiciales, fuentes de la Casa de Gobierno explicaron que el nuevo gobernador, Osvaldo Jaldo, mantendría como norma la idea de no integrar su equipo con personas que estén en conflicto con la ley.
En los Tribunales
Días antes de la reasunción, el 20 de octubre, el juez federal José Manuel Díaz Vélez siguió el criterio expuesto por el fiscal Agustín Chit (lleva adelante la investigación) y resolvió rechazar el pedido de excarcelación planteado por la defensa. Figueroa había pedido el beneficio al entender que, entre otros motivos, el jurar y desempeñarse como funcionario público implicaría una garantía de que no se fugaría y de que el proceso en su contra podría desarrollarse con normalidad.
El detenido venía cumpliendo prisión domiciliaria por motivos de salud y esta medida había llegado al límite de tiempo. Ahora permanece detenido en una comisaría del sur de la provincia.
A mediados de septiembre, se realizaron una serie de allanamientos que derivaron en la detención de cinco hombres y en el secuestro de armas y de dinero. En una de esas medidas había sido detenido Figueroa. El revuelo en el pueblo había sido de magnitud.
La causa se había originado en diciembre del año pasado. De acuerdo con la investigación, un grupo de cinco hombres había abordado en Santa Ana a dos jóvenes que iban en un remise hacia Alberdi. Los afectados, que son hermanastros, se habían trasladado hasta allí para cerrar una operación por la venta de materiales para la construcción. Según la denuncia, fueron trasladados a un galpón desconocido. Los captores llamaron a familiares para que le entregaran siete millones de pesos. Sin que se concretara el pago, fueron liberados en Gastona Sur horas después.
Trascendió en los Tribunales que en poco tiempo más el caso podría elevarse a juicio oral.
El otro que no juró
Hubo otro comisionado que no pudo concurrir al acto oficial, pero por motivos muy diferentes. Se trata de Ricardo León Boido, de Escaba, que también fue reelecto por el Frente de Todos. De acuerdo comentaron en el Ejecutivo, habría sufrido una descompensación días antes de la ceremonia y había tenido que ser sometido a una intervención médica para la colocación de un stent. Está previsto que entre el jueves o viernes el ministro del Interior, Darío Monteros, viaje hasta Escaba para ponerlo en funciones.
Fuente: La Gaceta