La corrupción de los gendarmes acusados de recibir sobornos de los bagayeros es un síntoma de los graves problemas que vive nuestra provincia y el país.
Según se ha informado, cobraban $400.000 por cada micro, acumulando cerca de un millón de pesos diarios. Este esquema de sobornos, descubierto por la Justicia federal, reveló una organización sencilla pero lucrativa. Operaba con la misma precariedad que los propios bagayeros, y parecía estar diseñada para servir a ambos lados: los bagayeros pagaban las coimas a través de transferencias a familiares de los gendarmes, quienes luego repartían el dinero. Pero también se recibía efectivo. Por ejemplo, la madre de un gendarme guardaba 30 millones de pesos en su casa, apilados en baldes. Una forma bastante rudimentaria de almacenar el dinero.
Este esquema no era único. En Santiago del Estero, el año pasado, se desmanteló una organización similar, y más recientemente en Salta fueron procesados ocho gendarmes. En Tucumán, las autoridades procesaron a 12 gendarmes y nueve civiles relacionados con los viajes de bagayeros. Entre ellos estaba la madre del gendarme López, apodada «la señora de los baldes».
Hace diez días, varios gendarmes fueron detenidos en un acto en el predio de Gendarmería de Las Talitas. Se les llamó a saludar y, al dar un paso al frente, fueron arrestados. Esta semana, el juez federal José Manuel Díaz Vélez los interrogó, y en los próximos días decidirá si serán procesados.
Entre los detenidos, uno tenía en su casa 36 porciones de cocaína y reactivos caros para pruebas de drogas, aparentemente robados de la fuerza federal. Otros poseían ropa y productos de contrabando, como celulares y electrodomésticos. Los sobornos no solo se pagaban en efectivo, sino también en mercancías, creando una «coima polirrubro».
Aunque los grupos de gendarmes en el NOA no estaban coordinados, operaban sin interferir en las jurisdicciones de otros. Según fuentes judiciales, se estima que este sistema de cobro de coimas se repetía en 11 puestos de control entre Orán y Tucumán.
El escándalo en Tucumán se desató en un control realizado en Aguilares en febrero, cuando alguien que ya había pagado una coima se quejó exigiendo que no le cobraran más ni lo sometieran a controles. A partir de ahí, la investigación reveló registros de pagos en cada puesto de control.
La operación, llamada «Dignidad», evidenció no solo el aumento del contrabando, sino también la infiltración de drogas en estas actividades. Hace 15 días, se detuvo a un bagayero con 137.000 dosis de drogas sintéticas. Esto coincidió con la prohibición de fiestas electrónicas por parte del gobernador Osvaldo Jaldo, argumentando que en estos eventos se comercializaban y consumían drogas.