Pedidos de prisión preventiva de hasta 60 días, un embargo millonario por el costo del desplazamiento de los servicios de emergencia y allanamientos en diferentes puntos de la provincia. Esas son las medidas que se tomarán para tratar de acabar con las amenazas de bombas en los establecimientos educativos.
Los primeros antecedentes se registraron en marzo, en mayo se incrementaron y ayer, en lo que fue una cifra récord, hubo 14, sólo en el ámbito de la capital. Por esa razón, las autoridades decidieron atacar con mayor firmeza en la persecución penal de las personas que cometen este delito. Según confiaron fuentes judiciales, hay más de 100 expedientes abiertos en Tribunales.
Hoy está previsto que se realicen al menos tres audiencias en contra de los acusados. En principio la mayoría son padres de menores que realizaron llamadas a diferentes establecimientos educativos, tanto públicos como privados. Hasta el momento dos mujeres fueron imputadas por intimidación pública, delito que contempla una pena de dos a seis años. En ambos casos, las procesadas reconocieron ser las titulares de la línea, pero responsabilizaron a los compañeros o amigos de sus hijos de haber realizado las comunicaciones.
Al observar que esta sería la estrategia de los señalados, por instrucciones del ministro Fiscal Edmundo Jiménez decidió endurecer la política de persecución. En la primera audiencia, que se está desarrollando en estos momentos, la imputada es Malena Anahí Serrano, de 18 años, por lo que se transformó en la primera autora en ser procesada.
El MPF mostró cuál será su estrategia. La fiscal de Delitos Complejos, Mariana Rivadeneira, adelantó que solicitará prisión preventiva contra la acusada y un embargo por los costos (no detalló aún el monto) que generó haber movilizado a los servicios de emergencias. El juez Alejandro Valeros tendrá que resolver todos los pedidos.
Por otra parte, fuentes policiales confirmaron que también se cambiará la estrategia de investigación en contra de los acusados. No se descarta que se libren órdenes de allanamientos en contra los titulares de las líneas telefónicas y usuarios de internet para buscar pruebas y comunicarles oficialmente que están siendo investigados por este delito.
Para ello, según explicaron, se realizará una reunión con funcionarios de la fuerza, de los ministerios de Seguridad y Educación para delinear los pasos a seguir.