Un hombre acusado de transportar un importante cargamento de mercadería de contrabando en Tucumán evitará enfrentar un juicio oral si cumple con el pago de una reparación integral cercana a los $60 millones, monto acordado durante una audiencia realizada ante el Tribunal Oral Federal. La medida quedó sujeta al cumplimiento estricto de un plan de pago en tres cuotas mensuales y, en caso de incumplimiento, el proceso penal continuará hasta el debate.
La investigación se originó el 12 de agosto de 2021, durante un operativo de control vehicular efectuado por personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Tucumán de la Policía Federal Argentina sobre la Ruta Nacional 9, en el acceso a la autopista de San Miguel de Tucumán.
En ese procedimiento, los efectivos interceptaron un colectivo de pasajeros en el que viajaban 13 personas, además del conductor y su acompañante. Durante la inspección, realizada en presencia de dos testigos, identificaron a Ariel Fernando Bonkosky, domiciliado en el barrio Victoria de la capital tucumana, quien transportaba nueve bultos.
Al revisar la carga, los investigadores encontraron 900 remeras, 1.447 pares de zapatillas y 732 pares de ojotas de origen extranjero. Toda la mercadería carecía de documentación respaldatoria, facturas y avales aduaneros que acreditaran su ingreso legal al país.
Por disposición del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, la totalidad de los productos fue secuestrada y remitida a la Delegación Aduana Tucumán para su peritaje. La Dirección General de Aduanas estableció que el cargamento tenía, al momento del procedimiento, un valor comercial de $ 3.678.404,43, cifra que superaba el umbral de punibilidad previsto por la legislación aduanera.
El 26 de abril de 2023, Bonkosky fue procesado sin prisión preventiva y el entonces fiscal federal Carlos Alfredo Brito solicitó la elevación de la causa a juicio como presunto autor del delito de encubrimiento de contrabando, previsto en el artículo 874, primer párrafo, inciso «d», de la Ley 22.415 del Código Aduanero, al atribuirle la adquisición y el transporte de mercadería de procedencia ilegal.
La audiencia se desarrolló en el Tribunal Oral Federal, presidida por el juez Pablo Roberto Toledo. Antes del inicio del debate, y con ocho testigos aguardando para declarar, el defensor José del Río propuso la suspensión del juicio a cambio de una reparación económica integral.
Inicialmente ofreció el pago de $14 millones, al sostener que representaba una suma cuatro veces superior al valor asignado a la mercadería en 2021. El delito imputado contempla una pena de entre seis meses y tres años de prisión de ejecución condicional.
El fiscal de Cámara Pablo Camuña manifestó que no se oponía a la salida alternativa, aunque consideró que el monto debía reflejar la verdadera entidad del perjuicio ocasionado. Tras un cuarto intermedio, propuso actualizar el valor del cargamento tomando como referencia su cotización en dólares al momento del secuestro y trasladándola a valores actuales, criterio que elevó la reparación a una cifra cercana a los $60 millones.
Luego de consultar con su defendido, Del Río aceptó la nueva propuesta y solicitó que el pago pudiera efectuarse en tres cuotas mensuales, modalidad que fue aceptada por el Ministerio Público Fiscal.
Ante el acuerdo alcanzado, el juez Toledo resolvió suspender la audiencia y condicionó la continuidad del beneficio al cumplimiento puntual del cronograma de pagos. Además, dispuso que se informe mensualmente cada depósito realizado y fijó una nueva audiencia para el próximo 28 de octubre, oportunidad en la que se verificará si la totalidad de la reparación fue abonada. Si el imputado incumple el compromiso asumido, deberá afrontar el correspondiente juicio oral.
Fuente: Contexto