La jueza Isolina María Apas Pérez de Nucci formalizó la investigación contra J.N.T. y dictó la prisión preventiva. La Fiscalía investiga dos maniobras vinculadas con cheques rechazados y operaciones comerciales.
J.N.T. permanecerá detenido por 60 días, según resolvió este viernes 25 de septiembre de 2026 la jueza del Colegio de Jueces, Isolina María Apas Pérez de Nucci, durante una audiencia de control de la aprehensión, formalización de la investigación y medidas de coerción.
La magistrada convalidó la aprehensión, rechazó los planteos de nulidad y exclusión probatoria presentados por la defensa y tuvo por formalizada la investigación. La calificación legal provisoria atribuye al imputado la presunta autoría de dos hechos de estafa.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los hechos habrían seguido un patrón similar: el acusado habría ofrecido operaciones comerciales o de financiamiento, efectuado pagos con cheques que luego fueron rechazados y generado perjuicios económicos a las personas involucradas. La investigación comprende hechos ocurridos entre 2024 y 2026.
El primer hecho: 54 cheques rechazados
La primera maniobra investigada se remonta a junio de 2024. Según la acusación, J.N.T., en representación legal de una sociedad por acciones simplificada, y su pareja, socia gerente de otra firma vinculada con medios de pago, se habrían reunido con dos inversores para solicitar financiamiento destinado a ampliar un negocio de terminales PosNet.
Como respaldo del préstamo, habrían entregado 54 cheques de pago diferido librados contra una cuenta del Banco Galicia, en su mayoría a nombre de las dos empresas. Los inversores descontaron los valores a una tasa de mercado y entregaron el dinero. En septiembre de ese año, todos los cheques fueron rechazados por falta de fondos, según consta en la investigación.
La Fiscalía sostiene que el dinero no habría sido destinado al emprendimiento anunciado y que una parte se habría derivado a una financiera informal que funcionaba en el mismo edificio que las oficinas de las firmas. El perjuicio estimado por este hecho ronda los $250 millones.
Una segunda operación con ECheqs de terceros
El segundo hecho investigado habría ocurrido entre febrero y julio de 2026. En ese período, J.N.T. habría compartido una oficina con un comerciante del rubro informático y, según la acusación, se habría presentado como titular de una billetera virtual para mostrar solvencia. De esa manera, habría adquirido equipos de computación y servicios de programación.
En este caso, los pagos se habrían realizado mediante ECheqs librados por terceros. La investigación menciona sociedades radicadas en Buenos Aires y Córdoba —en una de las cuales el imputado figura como socio minoritario— y a personas que presuntamente habrían actuado como prestanombres, entre ellas un familiar de su entorno.
Los valores fueron rechazados por falta de fondos en agosto y septiembre. El perjuicio atribuido a esta operación supera los $31,7 millones.
Los elementos secuestrados en los allanamientos
El 22 de septiembre, el juez Alejandro Javier Tomás autorizó allanamientos en tres domicilios vinculados con el acusado. Durante los procedimientos se secuestraron bienes cuyo valor fue estimado en más de $30 millones, entre ellos tres drones —uno tasado en más de $7 millones—, cerca de un centenar de terminales PosNet, más de una docena de teléfonos celulares sin abrir, computadoras, discos rígidos, cámaras y equipos de sonido.
También fueron incautados 495 cheques, 35 de ellos anulados, además de documentación relacionada con la constitución de sociedades. Para los investigadores, esas firmas podrían haber sido utilizadas para respaldar las operaciones y generar confianza entre las personas involucradas.
Quiénes intervienen en la causa
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N.º 2. La acusación fue sostenida en la audiencia por el fiscal Diego Sebastián Hevia y la auxiliar fiscal Daniela Fernanda Briz Tomás.
La querella de dos de las víctimas estuvo representada por los abogados Juan Andrés Robles, Facundo Vasile y Rosarios Farías. El abogado Luis Elizalde intervino como patrocinante de otro de los damnificados. La defensa de J.N.T. está a cargo de Daniel Muro y Victoria Maza Salomón.
Al finalizar la audiencia, la defensa impugnó la resolución que dispuso la prisión preventiva. La Fiscalía, mientras tanto, procura establecer si existen otras personas afectadas y determinar el alcance total de las operaciones investigadas.