La justicia francesa abrió una investigación que sacudió al fútbol europeo. El foco está puesto en Lucas Hernández, defensor del Paris Saint-Germain y campeón del mundo con Francia en 2018, y en su esposa, Victoria Triay. La denuncia fue presentada por una familia de origen colombiano ante la fiscalía de Versalles y apunta a presunta trata de personas y explotación laboral durante un período que, según la acusación, se extendió entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025.
De acuerdo con el planteo judicial, la familia, integrada por dos adultos y tres hijos, habría realizado múltiples tareas en la residencia del futbolista, entre las que se enumeran limpieza, cocina, vigilancia, conserjería y cuidado de niños. Siempre según la denuncia, no existió contrato de trabajo ni registración en el sistema de seguridad social, y las jornadas habrían superado ampliamente los límites legales, con cargas semanales que alcanzaban o incluso superaban las 80 horas.
La abogada de los denunciantes, Lola Dubois, sostuvo ante medios franceses que los pagos se realizaron en efectivo, con montos variables, y describió el cuadro como una situación que “roza la esclavitud moderna”. En la presentación también se menciona la firma de acuerdos de confidencialidad y la supuesta entrega de documentos de identidad irregulares en 2025, hechos que forman parte del análisis que realiza la fiscalía.
El relato de la familia indica que el vínculo se inició a partir de un contacto con Triay, quien habría ofrecido trabajo en Francia y la promesa de regularizar la situación migratoria en un plazo determinado. Sin embargo, siempre según la denuncia, esas gestiones nunca se concretaron. La causa también incorpora un episodio ocurrido en diciembre de 2024, durante un intento de robo a la vivienda, en el que el padre de familia habría intervenido para repeler a los intrusos, un hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad.
El entorno de Hernández expresó sorpresa por las acusaciones. En un comunicado, el futbolista y su esposa negaron cualquier conducta ilegal, afirmaron que actuaron de buena fe y señalaron que abrieron su hogar a personas en quienes confiaron. “Esta situación se está tramitando por los canales legales correspondientes. Pedimos respeto, prudencia y moderación”, señalaron.
Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa preliminar y no se anunciaron imputaciones formales. La fiscalía de Versalles continúa reuniendo pruebas y testimonios para determinar si los hechos denunciados encuadran en delitos previstos por la legislación francesa.
Fuente: La Gaceta