En su primera decisión de peso desde que se quedó con la investigación sobre el caso $LIBRA, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó por “improcedente” el pedido de la comisión legislativa para que dispusiera la comparecencia por la fuerza pública al Congreso de cuatro funcionarios públicos para que, tras varios faltazos, presten declaración testimonial.
Martínez de Giorgi estimó que su juzgado “carece de competencia para disponer el comparendo por la fuerza pública de los testigos citados por el Poder Legislativo”, ya que consideró “constitucionalmente inadmisible” que una comisión legislativa amplíe sus atribuciones por la vía de “normas reglamentarias”, en vez de por una ley.
La decisión del magistrado no cayó nada bien entre los miembros de la oposición que llevan adelante la investigación legislativa del caso, que anticiparon que apelarán la medida. Así lo resolvieron esta tarde tras reunirse en la comisión.
“Desde el inicio, esta comisión investigadora actuó conforme a derecho, ejerciendo sus atribuciones con respeto a las garantías constitucionales, motivo por el cual la resolución judicial resulta no solo contradictoria, sino también lesiva del principio republicano”, enfatizó el presidente de la comisión investigadora, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).
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La decisión de Martínez de Giorgi benefició, en particular, a los titulares de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paulo Starc, a la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, y al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Emilio Silva, quienes faltaron a las citaciones a testificar cursadas desde el Congreso.
La resolución de 24 carillas de Martínez de Giorgi, sin embargo, no sólo beneficia de manera directa a Melik, Starc, Zicavo y Silva, sino que aporta una señal de alivio a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tampoco se presentó a declarar ante la comisión legislativa, en dos ocasiones.
El diputado Juan Marino (Unión por la Patria) advirtió sobre este punto al advertir que la decisión del juez obstruye el trabajo legislativo -no descartó que se realice una presentación al Consejo de la Magistratura- y alentó que se apele la medida. “El resultado de la apelación es determinante para definir sobre los otros funcionarios que han rechazado venir a la comisión”, sostuvo.
Martínez de Giorgi quedó al frente de la investigación judicial por el “caso $LIBRA” junto al fiscal Eduardo Taiano luego de que María Servini primero impusiera su prevalencia frente a la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, para meses después y de manera inesperada declinar su competencia en favor de su colega de Comodoro Py.
Ya con el expediente en sus manos, Martínez de Giorgi le puso un freno a los intentos de la comisión legislativa por forzar la comparecencia de funcionarios reticentes, pero también le llevó alivio a la Casa Rosada, que se resiste a dar explicaciones sobre lo ocurrido antes, durante y después del 14 de febrero pasado, cuando el presidente Javier Milei contribuyó al lanzamiento de la “memecoin” $LIBRA con un posteo en la red social X.
Pese a rechazar por “improcedente” la petición de la comisión, el magistrado también fijó su posición sobre la eventual comparecencia por la fuerza pública de los funcionarios públicos convocados a prestar testimonio. Sostuvo que “excede” las “atribuciones implícitas” que emanan de la “redacción del último inciso del artículo 75 de la Constitución Nacional”.
Así, pese a que estimó que su Juzgado carece de competencia para ordenar la citación de testigos por la fuerza pública solicitada por la comisión legislativa, Martínez de Giorgi opinó en contra de esas citaciones. Estimó que podrían generar una “eventual afectación a la garantía judicial de no ser obligado a declarar contra sí mismo”, y que podrían suponer “el arrogamiento de facultades privativas del Poder Judicial de la Nación, en franca conculcación de los principios de legalidad y juez natural”.
Repercusiones
Reunidos en la comisión investigadora, los miembros de la oposición cuestionaron los argumentos del juez; el oficialismo, en cambio, les reprochó que pretendieran vulnerar la división de poderes.
“Lo alarmante (de la decisión de Martínez de Giorgi) es que hay muchos funcionarios que se están apoyando en estos dictámenes para no cumplir con su deber de dar explicaciones. Hay un Poder Ejecutivo que los encubre y ahora la Justicia va en sintonía”, advirtió Sabrina Selva (Unión por la Patria).
Desde el oficialismo, la diputada Nadia Marquez insistió que la decisión de Martínez de Giorgi confirma que la comisión investigadora “es un circo”.
“La justicia nos vuelve a dar la razón: se están violando las garantías constitucionales, los principios de legalidad y la separación de poderes”, asestó, para luego afirmar que la comisión no tiene facultades para apelar una decisión judicial. /La Nación