La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció un desfalco multimillonario en la Municipalidad de Banda del Río Salí, que administra Gonzalo Monteros, y en otros municipios de las provincias de Salta y de Catamarca durante las últimas elecciones.
El organismo antilavado dijo que detectó que empleados municipales retiraron “cheques por ventanilla” sin ofrecer justificaciones ante los bancos. Según trascendió, la maniobra se extendió a otras provincias y en total se calculan extracciones por $45.000 millones en menos de tres años, según la UIF.
Entre enero de 2023 y junio de 2024, en la Municipalidad de Banda del Río Salí, a través de la operatoria conocida como “cheque por ventanilla”, se extrajeron más de $17.000 millones sin ninguna justificación que convenciera a las autoridades del Banco Macro
La entidad bancaria tiene las cuentas del municipio que administra Gonzalo Monteros. En cumplimiento de la ley antilavado, la entidad bancaria alertó a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre la situación en el municipio del Este tucumano.
Las extracciones millonarias se registraron en todo el país, pero el grueso de los informes bancarios provinieron de Tucumán, Salta y Catamarca. El ranking de Registros de Operaciones Sospechosas (ROS) fue encabezado por el municipio bandeño.
La UIF ordenó la información que recibió desde los bancos, detectó un patrón en los retiros, elaboró una “tipología” de delito que distribuyó entre los sujetos obligados y remitió los detalles del caso a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La fiscalía especializada en este tipo de delitos recibió el informe que detalla todas las precisiones del caso. En ese documento se incluyeron montos, retiros y nombres, algunos de los cuales coincidían con los de los empleados de los municipios investigados.
El volumen de retiros aumentó exponencialmente en la antesala de las elecciones presidenciales de 2023. Mientras que en 2024, se desinfló, según trascendió. La hipótesis apuntaba a que esos fondos municipales fueron utilizados para financiar la última campaña electoral.
El 30 de diciembre, la Procelac presentó una denuncia ante la Cámara Nacional Electoral, que segmentó la información por distritos y hoy la investigación está descentralizada en cada una de las jurisdicciones implicadas.
El caso de La Banda del Río Salí se impone por el tamaño de las operaciones: lo extraído allí representa casi el 40% de los $45.000 millones que salieron de los municipios provinciales en los últimos dos años y medio.
“El análisis de las operaciones detectadas permite inferir presuntas maniobras de corrupción por parte de funcionarios públicos, empleados municipales, intendentes y firmantes autorizados de las cuentas bancarias de sus respectivas municipalidades”, señaló el informe elaborado por la UIF.
El organismo antilavado detectó un segundo tipo de maniobra sospechosas que incluye grandes sumas de dinero ingresaban en las cuentas personales de empleados públicos y luego se utilizaban para comprar dólar MEP.
Las alarmas se activaron porque los estos movimientos no se alineaban con el perfil transaccional de los empleados municipales. El caso se asentó a partir de la la Ley 25.246, que obliga a bancos y entidades financieras a reportar ante la UIF cualquier operación que presente rasgos sospechosos. De no hacerlo, pueden ser consideradas cómplices de un delito financiero por encubrimiento.
El Banco Macro de Tucumán alertó al organismo sobre los irregulares registradas en el CUIT 30-67526419-4, correspondiente a la municipalidad de La Banda del Río Salí. /La Gaceta