Casi 24 horas después de la confirmación de la condena a la expresidenta Cristina Kirchner, apenas una entidad del círculo rojo salió a marcar la cancha, con pedidos para evitar desbordes sociales y reclamar el respeto a las instituciones. En las calles, miles de militantes kirchneristas marchaban por el centro porteño, desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, para rechazar la medida judicial. Una escena que promete multiplicarse, al menos por los próximos días, mientras se implementa la prisión domiciliaria.
Sucede que el temor por quedar en el medio del fuego cruzado entre la Justicia y el peronismo ahuyentó incluso hasta al establishment más republicanista. Según confiaron a PERFIL, la idea de respaldar una medida judicial en este momento “es ponerse de un lado de la grieta sin necesidad, porque se trata de una decisión institucional que no es revocable”. “Enfrentar escraches públicos, como sucedió en otras épocas, es algo que no queremos atravesar, porque la convivencia va a ser imposible”, sostuvo un empresario industrial, off the record.
El caso del jefe del bloque libertario de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, José Luis Espert, cuando fue recriminado por estudiantes de la Universidad Católica Argentina (UCA) por haber insultado abiertamente a Cristina Kirchner y a su hija Florencia confirmó las preocupaciones de algunos empresarios, que ven “una calle cada vez más intolerante a las diferencias políticas”. “La violencia verbal de (Javier) Milei y de todo su entorno iba a tener consecuencias, tarde o temprano. Pero se vuelve un combo muy peligroso”, admitió otro poderoso empresario.
Comercio, el único con postura clara
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) exhortó “respetar las decisiones judiciales”. La entidad que preside Mario Grinman aclaró que el “sistema judicial prevé diversas instancias para que los afectados puedan plantear sus apelaciones; agotadas esas posibilidades, corresponde acatar el veredicto”. “Asimismo, cabe señalar que el descontento que algunos puedan tener ante la definición judicial debe manifestarse de manera tal que no perturbe el normal desarrollo de las actividades del resto de la ciudadanía”, enfatizó.
La CAC es una de las cámaras que integran el poderosos Grupo de los Seis (G6) y está integrada por grandes empresas del país, como la Corporación América, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y Mercado Libre, entre otros pesos pesados. Su postura no sorprendió, porque suele mostrar su respaldo a los actos institucionalistas. Lo que sí llamó la atención fue la ausencia de otros pronunciamientos del círculo rojo. El planteo de Comercio ratificó lo adelantado por PERFIL apenas conocido el fallo del tribunal supremo.
“Postulados tan ciertos, como que la violencia es inaceptable en una sociedad democrática, que el desconocimiento de los fallos de la Justicia es impropio del sistema republicano y que la corrupción es incompatible con la ética, a menudo parecen ser olvidados por la sociedad argentina. Desde el CAC se hace un llamado a la reflexión general para que estas verdades tengan un lugar central como rectoras de la vida nacional, en el convencimiento de que solo así lograremos construir la Argentina libre, próspera y justa a la que aspiramos”, sostuvo el comunicado de prensa.
Preocupación por las inversiones
Gran parte del arco empresario se mostró preocupado, también, por “el espanto de las inversiones que están evaluando llegar a un país que empieza a tener estabilidad macroeconómicas, pero que ahora puede enfrentarse a una suerte de revuelta civil ante un fallo judicial”, aseguró una de las fuentes consultadas por PERFIL.
“En momentos en que Argentina hace esfuerzos para recuperar la confianza de los inversores locales y del exterior —mancillada por años de incumplimientos y anomia—, resultaría ciertamente desgraciado que la rebeldía ante una definición judicial devenga en una situación de desorden público. Corresponde apelar a la madurez de la población en general y de la dirigencia en particular para evitar que esto suceda”, señaló la CAC en otro pasaje del comunicado.
La preocupación máxima es la salida de inversiones que existen en el país. Si bien es una situación que consideran “imposible” que se produzca en el corto plazo, la continuidad de conflictos individuales (como el caso Espert) y protestas sociales (como marchas y cortes de calles) alertaron al círculo rojo. Incluso la posibilidad del surgimiento de un ala dura de la Confederación General del Trabajo (CGT) que desobedezca el mandato y plantee un plan de lucha alternativo generó alarma en las fábricas, ante la posibilidad de focos de conflicto gremial que no estaban en agenda.