El juez federal de Quilmes, Luis Armella, procesó a la ex concejal de Quilmes y dirigente del Movimiento Evita, Patricia Noemí Iribarne y a otras ocho personas vinculadas a la funcionaria por el presunto delito de “malversación de caudales públicos” a través de varias cooperativas creadas por ella. Según la investigación, Iribarne habría desviado $87.896.346 entre los años 2018 y 2022 de fondos públicos provenientes del ex Ministerio de Desarrollo de la Nación y del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires “que estaban destinados a convenios específicos” y que “fueron utilizados de manera irregular para consumos personales, extracciones bancarias y transferencias a otras cooperativas y personas relacionadas con ella”.
Las pericias realizadas durante la instrucción del expediente revela que estas cooperativas, “bajo su representación, giraban los fondos recibidos entre sí sin contraprestación alguna” y que la organización liderada por la concejal del Frente de Todos (actual Unión por la Patria) que ingresó al Concejo Deliberante en 2017, “falsificaban rendiciones de cuentas utilizando facturas apócrifas”.
Las cooperativas involucradas en la maniobra y vinculadas a la referente del Movimiento Evita en Quilmes son: La Chinita, La Montonera, La Guevarita, El Emporio Limitada, Pocho Lepratti y la cooperativa de trabajo Julio Roqué. En la constitución de las cooperativas se repiten nombres, varios de ellos parientes directos de Iribarren como hijos y esposo.
Los otros procesados, sin prisión preventiva, en Causa 23787/22 que instruyen Armella, a cargo del Juzgado Federal Número 1 de Quilmes y su secretario Diego Quiroga son:
– Susana Beatriz Reia. Era presidenta y autorizada para operar las cuentas de la “Cooperativa de Trabajo Julio Roque Limitada”, “Asociación Civil Feliz Atardecer” y “Cooperativa de Trabajo Pocho Lepratti Limitada”. Participó en las transacciones y transferencias a personas y entidades relacionadas con Iribarne.
– Jorgelina Elizabet Fernández. Es hija de la ex edil. Está implicada por realizar transferencias desde las cooperativas a cuentas propias, familiares y allegados de su madre.
– Fabio Fernán González. Era el tesorero de la “Cooperativa de Trabajo Pocho Lepratti 2″ y vocal de la “Cooperativa de Trabajo Julio Roque Limitada”. Realizó transferencias a personas y entidades relacionadas con Iribarne.
– Eduardo Daniel Calderón. Formaba parte de las autoridades de la “Cooperativa de Trabajo Pocho Lepratti 2″. Estaba autorizado para operar sus cuentas. En la causa figura que era “pareja de la hija de Iribarne” y habría participado en el desvío de fondos.
– Rosa Mabel Luján Duartes: Realizaba transacciones similares desde las cooperativas hacía cuentas de familiares y allegados de Patricia Noemí Iribarne.
– Jorge Edgardo Fernández, ex pareja de la dirigente social. Está separado de hecho desde hace 20 años. Fue procesado por su participación necesaria en la malversación de caudales públicos. Fernández, como autoridad de la “Cooperativa la Montonera Limitada,” junto con Iribarne, falseó las rendiciones de cuentas mediante la utilización de facturas apócrifas.
– Marcelo Alexis Moyental: Se le atribuye haber facilitado la aplicación indebida de los fondos. En su calidad de contador público de las cooperativas, revisaba los estados contables y era responsable de las rendiciones de cuentas, “sabiendo que parte de la facturación utilizada era apócrifa”. Según se describe en el expediente, “a pesar de su conocimiento y especialización, no tomó las medidas necesarias para evitar estas irregularidades”.
– María Cecilia Fernández: Es hija de Iribarne. Fue procesada en calidad de “autoridad y tesorera de la Cooperativa La Montonera Limitada y como firmante de convenios de la Asociación Feliz Atardecer”. En el escrito se afirma que “fue necesaria su participación y de otras personas allegadas a Patricia Iribarne que resultan representantes o autoridades de otras cooperativas como Cooperativa Pocho Lepratti Limitada, Cooperativa Pocho Lepratti 2, Asociación Feliz Atardecer y Cooperativa La Montonera Limitada, determinadas hasta el momento, pudiéndose acreditar retiros de dinero, transferencias bancarias, entre los responsables de las mismas. Asimismo, que las cooperativas de mención, mediante sus responsables, giraban asiduamente y entre sí, los caudales recibidos por el Estado Nacional y/o provincial, falseando la rendición de cuentas ante los ministerios de provincia y de nación mediante la utilización de facturas apócrifas provistas por usinas ingresadas en el listado APOC de la AFIP, sin contraprestación alguna de parte del proveedor de la cosa o del servicio”.
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a través de Leila Gianni, subsecretaria Legal y Ariel Romano, Director General de Asuntos Jurídicos, tomaron vista del expediente e iniciaron una investigación interna
A los nueve procesados se les trabó embargos por $100.000.000 “para responder a la eventual responsabilidad civil y/o penal que de los hechos investigados”. En 2017 Iribarne ingresó al Concejo Deliberante de Quilmes de la mano del Movimiento Evita que a nivel nacional conduce Emilio Pérsico. En cuanto cayó en desgracia y su nombre comenzó a circular en los medios de comunicación, la organización social la desvinculó y le soltó la mano.
La causa está poblada de testimonios de víctimas que acusaron a la ex concejal y dirigente del Movimiento Evita de coaccionarlos para realizar determinadas tareas u ocupar cargos en las cooperativas y organizaciones fundadas por Iribarne.
Una de las testigos refirió: “Nos obligan a participar como directivos de la cooperativa, a hacer firmas apócrifas, siempre con el lema ‘es por los compañeros, si nadie quiere ser directivo nadie cobra’. Jugaban con la necesidad de la gente”.
Otra denunciante (en la causa está identificada con nombre y apellido) afirmó que para justificar las rendiciones de cuentas, la dirigente del Evita utilizaba facturas truchas. “Las rendiciones presentadas bajo estos convenios contenían facturas apócrifas, utilizadas para la compra de una casa en Roque Pérez y un vehículo Peugeot 208, registrado a nombre de una de las hijas de la denunciada”, relató en el juzgado. También denunció: “Fabio González, Patricia Iribarne y Mabel Duartes (contadora de la denunciada y del Movimiento Evita de Quilmes) cobraban sueldos de estos convenios y obtenían o robaban las claves fiscales de los ‘compañeros para facturar a nombre de los estafados”.