Aunque no se extrajeron datos del teléfono del gobernador, el caso sigue generando sospechas sobre posibles maniobras vinculadas a ex funcionarios y operadores políticos.
El robo del celular del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ocurrido durante un acto en La Cocha, sigue sin resolverse y mantiene en alerta al Ministerio Público Fiscal. Aunque en las últimas horas trascendió que no se extrajo información del dispositivo, los investigadores no descartan un trasfondo político y ordenaron profundizar la pesquisa.
La única detenida, Liliana “Pampita” Carrizo, permanece con prisión preventiva por 30 días en la alcaldía de Delfín Gallo. El fiscal Héctor Fabián Assad pidió esta medida no solo por el hecho en sí, sino porque sospecha que el hurto podría haber sido parte de una maniobra más compleja. El juez Cristian Velázquez, del Centro Judicial de Concepción, avaló el planteo, y la resolución quedó firme al no ser apelada.
Durante la investigación se descubrió que con el celular sustraído se tomaron al menos dos fotografías. En una de ellas, se ve a Carrizo, lo que reforzaría su versión de que el dispositivo “le fue entregado”, aunque aún no reveló por quién. El modelo Samsung permite tomar fotos sin desbloquear el equipo, y si bien no se puede acceder a la galería, las imágenes recientes quedan visibles.
Carrizo —quien participó del acto como integrante de la comitiva de Los Pizarro— no declaró en la audiencia. Su abogado inicial fue reemplazado por la defensora oficial Emilia Giselle Ale, quien pidió respetar la presunción de inocencia y no hacer declaraciones hasta conocer los resultados de pericias clave. “Es una causa compleja y debe ser manejada con prudencia”, aseguró.
Mientras tanto, la Brigada de Investigaciones Sur, dirigida por el comisario Carlos Díaz y bajo supervisión del fiscal Assad, continúa analizando cámaras de seguridad del salón de eventos, lo que podría confirmar o descartar la autoría del robo.
El caso se volvió más espeso al detectarse presencias llamativas en el acto donde ocurrió el robo. Uno de los asistentes sería hermano de José Roldán, ex secretario de Hacienda de Alberdi, actualmente investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico. El hombre trabaja desde hace más de 30 años en la comuna de Los Pizarro, y habría sido una figura de peso en todas las gestiones locales recientes.
Además, Carrizo gozaba de “privilegios laborales” en la comuna, desempeñándose en diversas funciones, a diferencia de otras empleadas designadas. Todo esto genera interrogantes en torno a su cercanía con actores políticos desplazados tras la intervención al municipio de Alberdi, medida que habría generado resentimientos y tensiones.
Vecinos como Esteban Jaime y Esteban Fuentes, de Alberdi, vinculan el robo a esa decisión política. “Esto tarde o temprano iba a tener consecuencias”, advirtieron. La línea de investigación apunta también a determinar si allegados del ex intendente Luis “Pato” Campos estuvieron en el acto.
El fiscal Assad continúa solicitando medidas de prueba: cámaras, peritajes técnicos y análisis de vínculos personales. Aunque no se extrajeron datos del celular del gobernador, la sombra de una operación política persiste, y el caso está lejos de cerrarse.
Fuente: Contexto