Argentina se enfrenta a un pedido de embargo de parte de la justicia norteamericana en el litigio por Aerolíneas Argentinas.
Una jueza de los Estados Unidos habilitó a un fondo buitre a pedir embargos de activos de la Argentina en ese país, en el marco del litigio por la expropiación de la aerolínea en 2008, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
La jueza Jia Cobb, de la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, autoriza al fondo de inversión Titan Consortium a iniciar la solicitud de embargo, en un fallo que está fechado el viernes 25 de septiembre. El monto involucrado en este fallo llega a US$ 391 millones.
De acuerdo con la sentencia, que fue difundida por el analista Sebastián Maril, quien sigue los juicios contra el país en el exterior, si bien las causas de Titan están radicadas en Columbia y Nueva York, los pedidos de embargo podrían realizarse en cualquier distrito de los Estados Unidos.
En su fallo, la jueza entendió que «ha transcurrido un plazo razonable tras la emisión de la sentencia» en favor de Titan Consortium,dictada en diciembre de 2024 y agregó que «en los veintiún meses transcurridos desde entonces, Argentina aparentemente no ha hecho ningún esfuerzo por pagar«.
El Estado había sido condenado en 2017 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial a pagar US$ 321 millones más intereses -que ahora suman en total casi US$ 391 millones– y costas del proceso por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. Hasta el momento, Argentina no pagó.
Según trascendió, desde este lunes el fondo buitre puede empezar a presentar los pedidos de embargo sobre los bienes que el estado argentino tiene en ese país.
En 1990 el estado argentino le vendió a la española Iberia su participación Aerolíneas Argentinas. Tras años de problemas financieros y de gestión, la operatoria a manos del grupo Marsans. En 2008, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, la compañía fue estatizada.
Después de la estatización, el grupo español Marsans le vendió los derechos de su demanda arbitral ante el CIADI al fondo Burford Capital. Posteriormente, Burford Capital -el mismo que litiga contra Argentina por YPF y que tiene un fallo en contra de la justicia norteamericana- transfirió a Titan Consortium los derechos económicos.
El fallo quedó firme en 2019, pero el CIADI no tiene capacidad para hacer ejecutar sus propias sentencias. Tiempo después, Titan Consortium, presentó una petición de reconocimiento y ejecución ante la Corte del Distrito de Columbia en 2021.
Aunque la Argentina invocó que el plazo de prescripción es de 3 años, el tribunal lo rechazó e indicó que es de 12 años. El 10 de diciembre de 2024, reconoció el laudo del CIADI por un monto de 390.907.155,55 dólares hasta esa fecha, más los intereses posteriores.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia rechazó recientemente la última apelación presentada por Argentina contra Titan Consortium, que ahora fue habilitado a iniciar pedidos de embargo para el cobro del fallo.
Desde Aerolíneas Argentinas indicaron que la demanda no es contra la compañía, sino contra el Estado Argentino. La aerolínea no tiene bienes en Estados Unidos. Y los aviones con los que vuela regularmente a ese país no son propios, sino que los opera bajo un esquema de leasing.
Ante la sentencia de la justicia de Estados Unidos, desde la Procuración del Tesoro argentino indicaron que «el Gobierno está analizando todas las herramientas jurídicas disponibles para intentar mitigar o reducir el impacto de esta sentencia en la economía de todos los argentinos. Recordemos que es un juicio que se perdió en 2018″. Y señalaron que «si hubiera algo en este contexto será informado por los canales oficiales de gobierno».
En el Presupuesto 2027 que fue presentado ante el Congreso se prevé una partida de US$ 1.100 millones para pagar las demandas ante del Ciadi.
Argentina tiene actualmente cuatro fallos en contra en los tribunales de CIADI. Además del de Aerolíneas hay otros tres casos: la demanda por el congelamiento de los peajes del grupo industrial italiano Webuild por US$ 127 millones; la de SAUR International, grupo francés que litigó por la estatización de la empresa de agua potable en Mendoza, por US$ 72 millones y la de AES Corporation, distribuidora de energía eléctrica, por US$ 715,9 millones a causa de la estatización de contratos.
De Marsans a La Cámpora
La estatización de Aerolíneas Argentinas fue anunciada por Cristina Kirchner durante su primer mandato, a mediados de julio de 2008. Hasta entonces, la compañía estaba en manos del grupo español Marsans.
El Congreso aprobó la estatización y el Gobierno kirchnerista colocó primero como presidente a Julio Alak, al que le seguiría Mariano Recalde, cuya gestión representó el ingreso de La Cámpora a la aerolínea de bandera. En esta gestión, Axel Kicillof fue gerente financiero de la compañía.
Recalde estuvo al frente de Aerolíneas Argentinas desde 2009 hasta 2015 y dejó el cargo a la par que Cristina Kirchner se iba del gobierno en diciembre de ese año.
Durante el gobierno de Mauricio Macri la empresa estuvo a cargo de distintas administraciones. Primero la presidió la ex CEO de General Motors, Isela Constantini. Le siguieron Mario Dell’aqua (2016-2017) y Luis Malvido (2017-2019).
Con el triunfo de Alberto Fernández la presidencia de Aerolíneas Argentinas quedó a cargo de Pablo Ceriani durante todo el mandato, un funcionario que había surgido durante la gestión de Recalde y que representó el retorno de La Cámpora a la compañía.
Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno la aerolínea de bandera es presidida por Fabián Lombardo, un funcionario que trabajó durante las dos gestiones camporistas. Durante el gobierno de Fernández fue director Comercial, Planeamiento y Gestión de Rutas de la línea aérea estatal, en tanto que había participado como un cuadro técnico durante la primera gestión de La Cámpora, entre 2009 y 2015.
Fuente: Clarín