El comisionado de El Mollar Jorge Cruz se transformó en el séptimo sospechoso de haber integrado el grupo que habría usurpado las tierras de la Reserva La Angostura para luego comercializarlas. La noticia se conoció ayer luego de que se allanara la sede comunal y la casa paterna del funcionario donde se secuestró valiosa documentación que complicaría su situación procesal.
En octubre, empleados estatales descubrieron que desconocidos estaban ocupando la zona protegida. La Policía derribó varios cercados y la fiscal de Estado Gilda Pedicone comenzó a actuar judicialmente. Primero logró que una jueza dictara una medida de no innovar para evitar nuevas ventas y que se siguiera construyendo en el lugar. Luego presentó una denuncia penal contra el titular del proyecto inmobiliario Juan Pablo Castro y contra cualquier otra persona que surgiera por los delitos de usurpación y estafas reiteradas. Por último, en un fallo sin precedentes, el representante de la Fiscalía de Estado José María Molina, con el apoyo del Ministerio Público Fiscal, logró que un juez restituyera de manera provisoria las tierras a la Provincia.
La investigación que desarrolló el fiscal Miguel Varela tuvo ribetes escandalosos. Según su teoría, se encontró frente a una organización con roles y tareas definidas que tiene origen en la ex Subsecretaria de Regularización Dominial y de Hábitat de la provincia (disuelta hace una semana) cuyo objeto eran los negocios inmobiliarios, principalmente la venta de terrenos fiscales”. Sostuvo además que Castro, Fernando Rogel Chaler, Maximiliano Barreiro y Rafael Trujillo (ex titular y empleados de Regularización Dominial, respectivamente), Yanina Mamaní (nuera del último empleado estatal) y Damián Romano (nieto político de Castro) mediante engaños, procedieron a privar de la posesión a la Provincia, quien detenta la titularidad del inmueble, que no sólo es un terreno fiscal, sino un área protegida.
Pero faltaba un eslabón más: la participación del comisionado. El juez que dispuso la reposición de las tierras le pidió al Ministerio Público que avanzara con la investigación contra Cruz. “Conforme las evidencias probatorias que fueron expuestas, el señor Delegado Comunal de El Mollar no sería ajeno, por comisión u omisión, a los presentes ilícitos, ya que en su cargo tiene la obligación de controlar todo lo referente a la urbanización de la comuna a su cargo, y especialmente, lo referente a planos de mensura, división y loteo”, aseguró. “Máxime considerando que, conforme las evidencias mencionadas, el delegado comunal habría recibido pago en terrenos por hacer, nada más y nada menos, que lo que es una de sus obligaciones funcionales”, añadió.
En el expediente aparecen numerosos indicios en contra del funcionario. Por ejemplo, él firmó la nota de factibilidad de concretar el suministro de agua potable en agosto de 2023, tres años después de que comenzaran a venderse los lotes y a pesar de que ese trámite debe ser realizado antes de que comience la venta. Los compradores entregaron varias copias de facturas de servicios que pagaron en la comuna y en un video donde fue filmado tratando de llevarles tranquilidad porque el proceso de venta había sido legal.
Descargo y medida
Con tanta información en su contra, el fiscal Varela solicitó a través de un oficio que le informara qué personas estaban detrás del proyecto. Cruz respondió que en la comuna no se había iniciado ni existía ningún expediente sobre el “Loteo Gaucho Castro”. Esas afirmaciones pusieron en jaque al comisionado. En un allanamiento realizado por la Policía, dirigido por el auxiliar Bernardo Sassi, dirigido por Mónica García (la fiscala natural de la causa al terminar la feria) se encontraron importantes documentación del proyecto inmobiliario. Esos papeles no sólo destruyeron su estrategia defensiva, sino también su futuro político. Varias fuentes de Casa de Gobierno confirmaron que su desplazamiento del cargo es inminente.
El fiscal Varela habló de una especie de “inmobiliaria” paralela que se encargaba de encontrar oportunidades para comercializar terrenos fiscales. En los allanamientos de la semana pasada, los pesquisas encontraron indicios de una maniobra similar que se habría concretado en El Cadillal. Además, en el allanamiento de ayer, habrían descubierto planos de mensura de otros loteos que tendrían las mismas características que la que se está investigando. Por ese motivo, en la medida también decomisaron 13 celulares, dos notebooks y varios elementos para analizar.
Con toda la evidencia existente, no queda mucho para que García solicite una audiencia para acusar formalmente de los delitos de usurpación y estafas reiteradas a los siete investigados. Tampoco se descarta que agrave la imputación, ya que tendría los indicios suficientes para sospechar que estaría ante una asociación ilícita. Es decir, un grupo de más de tres personas que se organizó para cometer ilícitos.
Fuente: La Gaceta