La Fiscalía de Estado de Tucumán dio el primer paso en lo que promete ser una larga y compleja tarea de ordenamiento territorial en El Cadillal. Un informe elaborado por un equipo interdisciplinario, conformado por especialistas del ámbito público y privado, reveló que existen al menos 300 hectáreas de tierras fiscales ocupadas ilegalmente y unas 3.000 viviendas construidas de manera irregular en este emblemático centro turístico del norte tucumano.
La documentación, que ya está en manos del Gobierno provincial, señala con dureza que “la vocación excepcional para ser una villa turística inserta en el Parque Provincial El Cadillal, rodeada de reservas y bosques de alta calidad ambiental, se encuentra amenazada por la ausencia de control estatal, la falta de planificación urbana y la inexistencia de un plan de manejo de la actividad turística-residencial”.
A diferencia de lo ocurrido en El Mollar —donde se descubrieron unas 40 hectáreas tomadas en los últimos años— el caso de El Cadillal presenta una magnitud mucho mayor y un grado de antigüedad que complica las posibles soluciones: hay asentamientos con más de tres décadas de antigüedad.
“Estamos trabajando. No puedo dar mayores detalles por ahora”, se limitó a decir la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, ante la consulta periodística, replicando la misma reserva que mantuvo durante la investigación de las ocupaciones en la Reserva Natural La Angostura.
Uno de los primeros desafíos será revisar si las ocupaciones ya fueron judicializadas y, en caso afirmativo, en qué estado se encuentran esos procesos. Fuentes oficiales confirmaron que algunas sentencias de desalojo están vigentes, pero también admitieron que hay casos perdidos: por falta de ejecución en tiempo y forma, algunos ocupantes ilegales terminaron convirtiéndose en propietarios legítimos.
El documento elaborado advierte sobre maniobras que habrían permitido la regularización de loteos irregulares con aval oficial. El caso paradigmático es el del “Loteo Gaucho Castro” en El Mollar, donde según la investigación del fiscal Miguel Varela, existía una “inmobiliaria estatal clandestina”, operada desde la extinta Secretaría de Regularización Dominial y Hábitat.
El modus operandi consistía en detectar tierras fiscales disponibles, venderlas de forma irregular y luego usar influencias dentro del aparato estatal para generar documentación que le diera apariencia de legalidad.
Según esta hipótesis, algunos compradores de buena fe lograron escriturar terrenos fiscales sin que el Estado pudiera posteriormente reclamar su restitución.
La lupa también se posó sobre otros organismos estatales. La Dirección de Catastro habría permitido el registro de inmuebles sin verificar si los loteos cumplían con las exigencias legales. El Ente Tucumán Turismo aparece en el informe por haber cedido tierras sin la documentación correspondiente, e incluso por no controlar que se respetaran los términos de los convenios firmados.
“Hubo predios asignados para actividades específicas que terminaron siendo loteados y vendidos”, indica el informe con tono crítico.
Fuentes de Casa de Gobierno confirmaron que los comisionados rurales que estuvieron al frente de la comuna de El Cadillal también deberán rendir cuentas, ya que algunos habrían facilitado documentos que permitieron el avance de emprendimientos inmobiliarios ilegales.
Además, se señaló que la Legislatura provincial incurrió en contradicciones legislativas. Mientras la Ley 8.304 protegía ciertas áreas como bosques nativos, la posterior Ley 9.179 habilitó la venta y regularización dominial de tierras dentro de esas mismas áreas protegidas.
El diagnóstico es claro: la situación en El Cadillal es crítica. “Hay que ver hasta dónde llega esto. Me parece bien que se intente poner orden, pero dudo que lleguen a buen puerto con tantos intereses en juego”, expresó Esteban Rearte, vecino del lugar desde hace más de 10 años.
El Gobierno promete avanzar con la misma firmeza con la que actuó en El Mollar, pero admite que el proceso puede demandar años. Mientras tanto, el informe ya generó sacudones en varias áreas del Estado. El desafío será enorme: limpiar, regularizar y evitar que se repita un fenómeno que amenaza con extenderse por toda la provincia.