“De Guatemala pasé a guatepeor”, sostuvo Luis Zivillica, uno de los tantos tucumanos que están desesperados por el plan de regularización dominial que lanzó el Gobierno para El Cadillal. “Fui estafado por los vendedores y después por empleados del Estado que dijeron que nos harían los trámites para poder contar con las escrituras”, reconoció.
Zivillica fue el único comprador que aportó claridad en toda esta historia. Compró un terreno de 2.100 metros cuadrados en el barrio Ampliación Villa del Parque. “Después me enteré que los planos de mensuras que me habían presentado eran falsos. Por ejemplo, ahí me dijeron que el vendedor del loteo Espeche, al parecer, tenía un predio y después avanzó destruyendo los bosques nativos y sin ninguna autorización”, indicó.
Los barrios Villa del Lago, Villa del Parque, Ampliación Villa del Parque, Los Guayacanes, La Trinidad y El Vallecito serían apenas algunos de los loteos irregulares que se realizaron en los últimos tiempos. A los compradores les habrían modificado mensuras fraguadas para convencerlos de la legalidad. Al adquirir la propiedad, sólo recibían un boleto de compraventa, no una escritura, único documento que demuestra la titularidad de un bien.
“Es cierto que ellos tienen gran responsabilidad en esta situación, pero nadie dice que la comuna cobra impuestos a las personas que viven ahí. Lo mismo pasa con la Dirección General de Rentas que les pone los sellos a los trámites oficiales que uno hace. ¿Nadie se da cuenta de que están vendiendo tierras fiscales? Evidentemente el descontrol es tremendo”, agregó Zivillica.
Luciana Albornoz compró un terreno y construyó una casa en Villa del Lago. “Queremos que las autoridades nos escuchen. No somos usurpadores. Nos engañaron y buscamos una solución para las más de 3.000 familias que están en la zona”, explicó. “Nos estamos movilizando para que al menos nos escuchen”, agregó la mujer, que fue la encargada de presentar una nota que firmaron los habitantes de El Cadillal.
“Nadie se pregunta cuál fue el papel de los delegados comunales. Ellos fueron cómplices de estas estafas. Deberían investigarlos a todos”, añadió Bruno Mansilla. “Según me contaron los vecinos, los emprendedores se contactaron con ellos para buscar tierras y luego las comercializaban. Siempre fue así y ahora se espantan. Ellos también tienen que pagar, por más que no sean funcionarios”, destacó.
La otra parte
Zivillica, como muchos otros compradores, quiso acceder al plan que lanzó la provincia para regularización dominial que había lanzado el Gobierno para que compraran las tierras fiscales si es que estaban incluidas en la zona de enajenación. “En noviembre de 2024 me presenté en la comuna y hablé con el comisionado (Dante) Delgado. Él me explicó que tenía tiempo hasta el 30 de diciembre para realizar el trámite. Me recomendó que lo hiciera con (Rafael) Trujillo, de la secretaría de Regularización Dominial y Hábitat”, explicó el hombre.
El dato aportado por este hombre es revelador por un solo motivo: por primera vez desde que estalló la polémica, un testimonio menciona al comisionado de El Cadillal en funciones realizando gestiones para la titularización de tierras fiscales. Hasta aquí, lo había hecho cuando estaba en campaña electoral. LA GACETA intentó comunicarse con él, pero no respondió los llamados. Sí se supo que estuvo en Casa de Gobierno, momentos en el que se confirmaba que desde ayer, todos los comisionados tendrán la responsabilidad de cuidar el patrimonio de la Provincia.
“Fui hasta la oficina de la Dirección General de Catastro para que me contaran cómo era el sistema. En una reunión que mantuve con Trujillo, me dijo que ellos podrían intervenir en terrenos de hasta 500 m2 y el mío tenía 2.000 m2. Entonces me propuso que lo dividiéramos en cuatros y me pasó un contacto de un agrimensor para que lo hiciera. Pagué $960.000 ($240.000 cada una) y una mujer me entregó un número de expediente. Pero hasta aquí no hicieron absolutamente nada”, dijo Zivillica.
El caso de Zivillica encaja a la perfección en la denuncia que realizaron las autoridades de la Dirección General de Catastro contra cinco empleados de la desaparecida subsecretaría de Regularización Dominial que ofrecían escriturar las tierras sin pasar por el proceso de licitación, es decir, sin tener que comprar las tierras al Estado. Esa fue una de las razones por la que de 3.000 candidatos a acceder a este plan, sólo lo hicieron 400.
Además de Trujillo, fueron señalados los profesionales Maximiliano Barreiro y Pablo Domingo Zossi, que habrían sido los profesionales que participaron en las confecciones de las mesuras. Gustavo Lagarrigue y Norma Silva podrían haber sido los que se encargaban de iniciar los trámites administrativos que nunca se concretaron.
“Hay muchísima gente que se inclinó por este camino y terminó con nada”, destacó Albornoz. “Todos los vecinos estamos reuniéndonos para buscar una solución. Lo más lógico es que se inicie un nuevo proceso de regularización dominial para comprarle las tierras al Estado”, finalizó Zivillica.
Fuente: La Gaceta