El Superior Gobierno de la Provincia sigue en su lucha, fin, ardid, de recuperar las tierras pertenecientes a la Reserva Natural de La Angostura. Ayer cinco personas investigadas por la ocupación de las parcelas del “Loteo Gaucho Castro” impugnaron la orden de restitución del inmueble dictada en enero, pero un tribunal rechazó el recurso y falló a favor de la Fiscalía de Estado.
El pasado 31 de enero, el juez Mario Velázquez firmó la resolución en la que se ordenaba la restitución provisoria de los terrenos usurpados, propiedad de la Provincia, que consistía en que los ocupantes tenían 10 días hábiles para desalojar los predios en cuestión. Al recibir la notificación, los involucrados, asesorados por sus respectivos abogados, comenzaron a impugnar el fallo del magistrado, lo que dilató el cumplimiento de la orden.
Ayer se realizó una audiencia en la que se trató el recurso presentado por los representantes de José Damián Romano, Juan Pablo Castro, María Ceferina Herrera, María de los Ángeles Argañaraz y María Fernanda Garay, para evitar la pérdida de sus inmuebles construídos en las tierras disputadas.
Los primeros en argumentar su solicitud fueron Silvia Furque y Carlos Tamayo (en defensa de Castro y Romano). Los profesionales consideraron que la medida vulneró el derecho de defensa de sus pupilos ya que fue solicitada por el fiscal Miguel Varela y la Fiscalía de Estado, presidida por Gilda Pedicone de Valls, el último día de la feria judicial y mediante un escrito en lugar de requerir una audiencia para su planteamiento. “Tratándose de un tema con tanta resonancia pública y con tantas personas involucradas se debería haber pedido una audiencia y no sacar el último día de la feria, entre gallos y medianoche, una resolución. De esta manera no se permitió que el juez tenga en cuenta la teoría del caso de la defensa y las evidencias que sustentan a la misma para poder arribar a un fallo justo”, sostuvieron.
Los defensores también plantearon que hubo una falta de fundamentación respecto de la aplicación de la cautelar ya que al ser dictada ya se encontraba vigente la medida de no innovar dentro de un proceso Civil. “Esto es una cuestión eminentemente civil. El Gobierno utilizó la sede Penal para violar los derechos de mi cliente; derechos reconocidos anestralmente. Él vivió allí desde la década del 70 mientras con sus propias manos hacía lo que es el dique La Angostura y ahora el Gobierno de repente quiere tener las tierras”, argumentaron.
En el mismo sentido se explayó Daniel Bulacio, defensor de Garay, Herrera y Argañaraz. El abogado sostuvo que con la medida dictada se afectó el derecho de propiedad de sus representadas, ya que compraron los inmuebles hace más de 20 años y que, de un momento para otro, se los quieren quitar. “Hubo un atropello. Tendrían que haber realizado un relevamiento socioambiental, ir casa por casa para ver quiénes viven en esos inmuebles. Verificar qué papeles tienen, constatar desde qué año están viviendo allí, pero no se realizó nada de eso. Lamentablemente en la sentencia que estamos recorriendo no se hizo una valoración ni una descripción; únicamente se toma como fundamento la orden de no innovar, medida que nunca fue notificada a mis clientes”, afirmó.
Tanto el fiscal Bernardo Sassi, como los abogados de la Fiscalía de Estado, José María Molina y Horacio Geria, se opusieron a los planteos de los defensores alegando que los fundamentos expuestos por el juez Velázquez eran correctos.
Tras deliberar, el tribunal conformado por los magistrados Edgardo Sánchez, Jorge Carrasco y Matías Graña, resolvieron rechazar los recursos de impugnación presentados por Furque, Tamayo y Bulacio. Antes de finalizar la extensa audiencia, la parte acusatoria consultó por la ejecución de la medida de restitución, a lo que Sánchez les informó que deberán solicitar una instancia de control para que un tribunal determine su operatividad. /La Gaceta