La habitualmente tranquila comisaría de El Mollar se vio sobrepasada en las últimas horas, a partir de la llegada de decenas de compradores de terrenos fiscales que decidieron denunciar a uno de los usurpadores que les vendieron las parcelas que están siendo desalojadas por el Estado, ubicadas en la Reserva Provincial La Angostura.
Todo inició el 3 de octubre cuando la Policía desbarató una usurpación en la zona conocida como Ojo de Agua, tras lo cual la cacica Margarita Mamaní aseguró que ese predio habían sido tomado por miembros de la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar para instalar puestos de venta de artesanías.
A raíz de esto, el lunes 21 inspectores de varias dependencias estatales efectuaron un relevamiento conjunto en el que detectaron seis irregularidades, cuatro usurpaciones de tierras fiscales que fueron puestas a la venta, una confitería que instaló allí su local de venta de artesanías y cuatro ripieras abocadas a la extracción de áridos en la desembocadura del río Tafí.
El viernes, unos 150 policías, liberaron uno de los terrenos que estaban por ser loteados, escena que se repitió el lunes en otro sector de la villa turística, ya con una topadora cedida por la Dirección Provincial de Vialidad que usaron para derribar todas las construcciones que se habían instalado.
Por el momento, no se logró establecer la extensión de las tierras usurpadas, pero se estiman en más de 12 hectáreas fraccionadas en casi 200 lotes que habrían estado destinados a la comercialización, que podría generar una ganancia mínima de $ 1.200 millones.
El martes, la fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls presentó un amparo ante la Justicia para que ordenara la remoción y destrucción de todas las viviendas que se construyeron en la zona, señalando que era su obligación preservar las áreas protegidas para el beneficio de todos los tucumanos.
Los compradores de esas tierras ya se estaban movilizando, por lo que habrían mantenido una reunión con los responsables del emprendimiento inmobiliario, quienes apelaron a transmitirles tranquilidad asegurando que todo se habría tratado de una confusión y que el problema se solucionaría, pero todo cambió cuando conocieron que el Gobierno continuaría con los desalojos.
Ahora una veintena de personas que se presentó este miércoles en la comisaría de El Mollar como los compradores, apuntaron a Juan Pablo Castro, que vive en el barrio El Porvenir, de esa localidad, como la persona que les vendió las parcelas.
Detallaron que el vendedor les había mostrado documentos aprobados por las direcciones de Catastro y Rentas de la provincia, permisos de la comuna y pago de impuestos, quedando todo debidamente formalizado en el acta rubricada por los comisarios Esteban Toledo y Carlos Díaz.
“Sí conocemos al señor Castro, pero no pertenece a nuestra comunidad. Tampoco los otros que están señalados”, explicó Mamaní. “Si eran nuestros el barrio Juana Azurduy y el de Ojo de Agua, pero fueron desalojados por error. Esas son tierras que pertenecen a la comunidad”, afirmó la dirigente.
Lo que sale a la superficie entre denuncias y especulaciones es lo que se vio en las redes sociales, donde se ofrecían lotes a un valor que oscilaba entre los $ 6 y los $ 12,5 millones, cotización que no diferenciaba por el tamaño, ya que todos son de 15 metros por 30 metros, sino por los tipos de papeles con que contaba el vendedor.
Por ahora se manejan dos líneas de investigación. Las tierras fueron usurpadas por la Cidem y sus miembros las podrían vender; o que particulares ajenos a la agrupación, después de conseguir un permiso de pastoreo, terminarían apropiándose las parcelas para luego venderlas.
“Estas personas dijeron que un grupo concurrió a la sede de la comuna para solicitar una segunda audiencia con el delegado Jorge Cruz, pero no fueron recibidos y tampoco tuvieron respuestas a sus planteos, por lo que optaron concurrir a esta comisaría”, explicaron funcionarios policiales en el acta firmada.
Toledo y Díaz señalaron que los denunciantes estaban intranquilos y la mayoría se mostraban preocupados o angustiados ante el temor de ser desalojados y perder toda la inversión que habían hecho. “Se mantuvo una breve reunión para escuchar cuáles eran sus pretensiones y fueron invitados a realizar las correspondientes denuncias para que fueran enviadas a la fiscalía del Centro Judicial Monteros”, detallaron.
Los comisarios agregaron que había diferencias entre el grupo. Algunos sí querían iniciar acciones legales y otros no. “Se comunicaron con sus abogados y estos les dijeron que no realizaran denuncia penal contra ninguna persona, pero sí que se dejara asentado todo lo que había acontecido en la sede policial”, resumieron.
“En principio los ánimos y estados emocionales de las personas eran preocupantes y de angustia en ellos. Pese a todo esto, no hubo ningún acto de violencia. Se informó de esta situación a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial Monteros y a la superioridad”, se puede leer al pie del acta.
Según fuentes judiciales, entre septiembre y octubre de este año, la fiscalía especializada de Monteros recepcionó no menos seis exposiciones sobre usurpaciones en el valle de Tafí, pero no se sabe cómo se movieron dichos expedientes.
En el Centro Judicial Capital en promedio, una causa por este tipo de delito se cierra en menos de 15 días., ya que basta con demostrar la tenencia para que el titular del inmueble logre recuperarlo.
El martes, una comisión de Catastro efectuó una serie de inspecciones en El Mollar para elaborar un informe sobre los terrenos usurpados.
Para este jueves se habría planificado un nuevo operativo para avanzar con los desalojos, ya que por el momento, la provincia sólo pudo recuperar dos de las seis superficies usurpadas.