El Mollar y El Cadillal son dos de los principales centros turísticos de la provincia. Están separados por más de 120 kilómetros, pero los une un mismo espanto: las usurpaciones de tierras fiscales. En el océano de irregularidades aparece un factor común. Se trata de la ex Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, dependencia que había sido creada para poner orden territorial y que, con el correr de los años, se habría transformado en una especie de “empresa” que se dedicaba a generar proyectos inmobiliarios para vender terrenos del Estado y después realizar gestiones para escriturar esos terrenos.
En 1996, la Legislatura sancionó la ley 6.753 con la que la provincia se adhería a la nacional 24.743 (conocida como Ley Pierri) que autorizaba al Estado a regularizar la situación dominial de todas las personas que acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres años con anterioridad al 1 de enero de 2009 de un inmueble que haya tenido como destino ser vivienda única. Sin embargo, recién en 2008 se sancionó la norma que regularizaba este trámite.
Para realizar esta tarea, se creó la subsecretaría de Regularización Dominial, que también tenía estas otras finalidades:
• Actuar como autoridad de aplicación de la ley 5.670, que autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la afectación de inmuebles de su propiedad para la erradicación y/o consolidación de barrios de emergencia.
• Entender en la regularización dominial de los inmuebles adquiridos por el Estado con dicha finalidad o afectados en el marco de la Ley de Emergencia Social y Habitacional.
• Ejercer las facultades de autoridad de aplicación, en coordinación con los Organismos pertinentes, de las leyes de expropiación dictadas con la finalidad de regularizar, consolidar o erradicar asentamientos urbanos,
• Confeccionar los planos de mensura y división de los inmuebles a regularizar, tramitar su aprobación ante las autoridades de la Dirección General de Catastro.
Sistema y algo más
El sistema de trabajo de la repartición funcionaba así. Una persona se presentaba para solicitar la titularización del inmueble que ocupaba. Los empleados realizaban la verificación de los datos y luego publicaban un aviso en el Boletín para averiguar si ese bien no pertenecía a un tercero. Si no se presentaban trabas, enviaban un informe con documentación a Catastro para que lo inscribiera en el Registro Inmobiliario, trámite que termina con la escrituración.
Sin embargo, en la investigación que realizó el fiscal Miguel Varela del “Loteo Gaucho Castro”, emprendimiento inmobiliario que se desarrolló usurpando tierras de la Reserva Natural la Angostura, surgieron indicios de los supuestos ilícitos que se habrían cometido en ese organismo.
Juan Pablo Castro tenía en su poder una cesión de tierras que no había sido inscripta en tiempo y forma. Rafael Trujillo y Maximiliano Barreiro, empleados de Regularización Dominial, al tener conocimiento del conflicto que existía con esas tierras, lo habrían convencido para comercializarlo. En una primera etapa ellos se transformarían en desarrolladores, es decir, se encargarían de comenzar con las obras de división de parcelas y urbanización (abrir calles internas y gestionar los servicios de agua y luz) a cambio de un porcentaje de lotes.
Una vez terminada esa tarea, siempre según la investigación de Varela, comenzaba la segunda etapa del plan: lograr darle una cobertura legal al emprendimiento. Para ello podrían haber contado con la participación del titular del organismo Fernando Rogel Chaler y el comisionado comunal de El Mollar, Jorge Cruz.
El primero habría firmado una constancia informando que Castro estaba realizando los trámites de escrituración, pero el señalado informó que le habían falsificado la firma. Cruz, en cambio, no sólo utilizaba la comuna para garantizar a los compradores que el proyecto era legal y cobraba servicios, sino que además habría otorgado la factibilidad de brindar el servicio de agua potable tres años después de que se hubiera realizado la comercialización de los loteos.
Vínculos
En el marco de la investigación de esa causa, Varela consiguió una orden de allanamientos en las viviendas de los cinco mencionados. En las casas de Trujillo y de Rogel Chaler, encontraron documentación sobre la venta de terrenos en El Cadillal. Según confiaron fuentes judiciales, los papeles eran similares a los que utilizaron para comercializar los lotes en El Mollar.
Los investigadores no descartan que hayan utilizado esta maniobra para realizar loteos de tierras fiscales en El Cadillal y en otros lugares de la provincia.
“Él es totalmente ajeno a ese hecho. Siempre estuvo a disposición de la Justicia y ya aclaró que la firma que aparece en esa constancia no es la suya”, aseguró Javier Lobo Aragón, defensor del ex subsecretario de Regularización Dominial. “Estamos esperando que se hagan las pericias correspondientes para que se compruebe que no tiene nada que ver en el caso”, añadió.
“Me parece muy bien que se investiguen irregularidades. No pueden existir funcionarios corruptos, ahora, el ingeniero Barreiro no puede ser un perejil tampoco. Estamos a disposición para lo que se necesite aclarar o investigar”, sostuvo Patricio Char, que representa a Barreiro.
Al enterarse de las sospechas que existían en esa oficina, el gobernador Osvaldo Jaldo a través de un decreto, eliminó la subsecretaría, ordenó la creación de unidad ejecutora y dispuso que sea Catastro se encargara de realizar la tarea de regularización.
Cuando el cambio tomó estado público, varias personas se presentaron a realizar denuncias en contra de los empleados de la repartición. Una mujer, por ejemplo, señaló a dos que le habría solicitado una suma de dinero para gestionar la escrituración de la casa. Como no tenía, acordaron que les pagara con un Smart TV que ella sacó en cuotas de un local y que ellos retiraron.
Otra demanda se concretó hace pocos días. Un denunciante dijo que dos de los mencionados en la causa, le pidieron que le pagaran los servicios que habían realizado, a pesar de que se encuentran sumariados y suspendidos de sus actividades laborales y cada vez están más cerca de ser procesados por la Justicia.
Deseo y escepticismo: tucumanos piden que se recuperen las tierras fiscales usurpadas
“Lo que pasó en El Mollar fue bueno, ahora hay que esperar que se hace con El Cadillal. Ahí la cosa será mucho más difícil porque la mayoría de los ocupantes son gremios fuertes o dirigentes políticos. Veremos hasta dónde quieren llegar”, sostuvo Mariela Pedraza que reconoció seguir muy de cerca la situación.
“La ocupación del patrimonio afecta a todos los tucumanos y no sólo al gobierno de turno. Espero que esto siga hasta las últimas consecuencias y que no sea solo humo. Es una manera de poner orden en una provincia que está detonada por la falta de los controles de las autoridades”, opinó Elvio Ramírez.
Esteban Fuentes indicó: “no será la primera vez que anuncian acciones de este tipo, pero siempre todo queda en la nada. Veremos si alguna vez en más 40 años de democracia cumplen con lo que dicen”. “Me encanta que sólo se fijen en los casos de los centros turísticos, pero nadie dice una palabra de los asentamientos al costado de las vías. Si bien es cierto que eso es competencia de la Nación, nada impide que las autoridades nacionales hagan algo para frenarlas”, comentó María Luisa Rivadeneira.
Frenan la aplicación de una ley: no se registran inmuebles
En una resolución firmada el 3 de diciembre, la Dirección General de Catastro frenó los trámites de registración en El Cadillal, según lo establecía la ley 9179. En agosto de 2019, la Legislatura aprobó esa norma que autorizaba al Poder Ejecutivo a llevar a cabo la enajenación por venta y la regularización dominial de determinadas fracciones de los inmuebles en mayor extensión de propiedad de la Provincia. La ley comprendía que personas que se encontraban habitando en esos lugares, a través de una licitación publica, podrían comprarla y solicitar su escrituración. Sin embargo, es norma era contraria a la Ley 8.304, que realizaba un ordenamiento territorial para preservar los bosques nativos. “Fue una gran confusión. Por un lado había una norma que decía que aquí no se podía instalar una casa, pero había otra en la que se autorizaba a la provincia a vender esos terrenos”, explicó.
“La urbanización de esta villa veraniega se encuentra en estado crítico. Por ejemplo hay calles de cinco metros que impiden la libre y segura circulación. Resulta necesario desarrollar un plan maestro que fije pautas mínimas de orden y organización”, explicó el titular de Catastro Alejandro Navarro. “Es importante su revalorización y cuidado urbanístico, teniendo en cuenta que es una villa veraniega que se encuentre en constante y abrupto desarrollo de nuestra provincia”, añadió.
Por eso, Navarro resolvió ordenar que se deje de registrar las tierras que disponía la ley 9.179. “La medida se mantendrá hasta que se desarrolle un proyecto urbanístico adecuado, el que será solventando con fondos de la ley 7.263 mediante acto resolutivo avalado por la comuna El Mollar”, finalizó.
Audiencia retrasada: buscan más pruebas
El fiscal Miguel Varela decidió posponer la audiencia de formulación de cargos en contra de los siete investigados por el “Loteo Gaucho Castro”. La demora se debe a que en los últimos días recibió información valiosa que necesita confirmar. Por esa razón, se especula que en los próximos días citará a más personas para que aclaren algunos puntos que surgieron en la investigación. En esa lista aparecen actuales funcionarios que tendrán que precisar algunos detalles. Una vez que termine de tomar estos testimonios, se realizará la formulación de cargos.
Fuente: La Gaceta