La situación de Agostina Páez, la abogada santiagueña que se encuentra retenida en Río de Janeiro desde mediados de enero, sumó un nuevo y dramático capítulo. Mientras avanza la investigación en su contra por un presunto caso de racismo contra un mozo, la joven utilizó su cuenta de Instagram para denunciar una feroz campaña de hostigamiento digital.
A través de una serie de historias, Páez compartió capturas de pantalla que exponen mensajes cargados de insultos, agravios hacia su familia y amenazas sexuales y de muerte. Según mostró, los ataques provienen tanto de usuarios brasileños como argentinos.
El tenor de las amenazas es de extrema violencia. “Cuidado en caminar sola”, “racista no vas a tener paz” y “vas a morir”, son algunas de las intimidaciones que recibió. Otros mensajes combinan la xenofobia con la misoginia: “Ojalá te violen, pinche pobrentina. Eres una basura. Argensimia” o “Sudaca de mierda, muerta de hambre. Dos puñaladas y una zorra menos”.
Incluso, la abogada exhibió mensajes que incitan a la justicia por mano propia y la atacan con términos denigrantes, acompañados de videos intimidatorios y alusiones a que sufrirá abusos si termina en una cárcel brasileña.
Cruces mediáticos
En medio de la ola de agresiones, Páez también se tomó el tiempo para responder a acusaciones paralelas. Salió al cruce de una usuaria que la señaló por presunto acoso escolar en el pasado, afirmando de manera categórica: “Nunca fui su compañera, nunca me la crucé, nunca fue testigo de su bullying”.
Además, la abogada se refirió a la intervención pública de la ex modelo brasileña Anamá Ferreira, quien opinó recientemente sobre el caso. Páez aseguró que las afirmaciones de Ferreira «no son ciertas» y reveló un intento de diálogo frustrado: “Yo le mandé un mensajito con todo el respeto y me bloqueó”.
La estrategia judicial
En el plano estrictamente legal, Páez sigue sin poder salir de Brasil, sometida a una investigación por el delito de «injuria racial». Frente a esto, su equipo de abogados contraatacó con la presentación de un hábeas corpus de 50 páginas en el que cuestionan duramente el proceso y exigen el respeto de sus garantías constitucionales.
Mariano Páez, padre de la acusada, explicó que el recurso legal detalla minuciosamente los horarios y la cronología del hecho, haciendo especial hincapié en la existencia de cámaras de seguridad que, según denuncia la defensa, no habrían sido incorporadas al expediente judicial de manera deliberada.
Finalmente, el planteo judicial cuestiona severamente el uso público de la imagen de la abogada en campañas, argumentando que dicha exposición resulta ilegal y vulnera el principio de inocencia al no existir una condena firme en su contra.