El gobernador, Osvaldo Jaldo, desarticuló la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat de la Provincia, a partir de la polémica generada por la venta de tierras fiscales de la Reserva Natural La Angostura. Además, a través de un decreto, el mandatario dispuso la apertura de un sumario administrativo contra dos empleados de esa repartición.
El escándalo comenzó en octubre, cuando empleados estatales descubrieron que la zona protegida de El Mollar estaba siendo ocupada por desconocidos. La Policía destruyó varios de los cercados que se habían instalado y la fiscal de Estado Gilda Pedicone solicitó una medida de no innovar en la Justicia. Una jueza aceptó el planteo y ordenó suspender la venta de lotes y ordenar la detención de las construcciones. La Provincia analizó la documentación que presentaron los mismos compradores y descubrieron que se habría montado toda una maniobra para comercializar tierras que pertenecen al Estado. Por esa razón, realizaron una denuncia penal contra el titular del proyecto “Loteo Gaucho Castro” por usurpación y estafa.
La investigación judicial involucra a ex funcionarios provinciales y también a empleados públicos. En ese contexto, el gobernador dispuso ayer una drástica medida. Mediante un decreto, ordenó la disolución de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, así como también el inmediato cese de sus autoridades y direcciones, en virtud de la “las investigaciones llevadas a cabo por el Poder Judicial en respuesta a las denuncias de usurpaciones en las que el Estado Provincial ha sido víctima, y han revelado la existencia de irregularidades”.
En paralelo, el instrumento asigna a la Dirección General de Catastro de la Provincia las funciones que por ley corresponden a dicho organismo, “especialmente actuar como autoridad de aplicación de la Ley Provincial N° 5.670, ejercer las facultades de autoridad de aplicación de las disposiciones de la Ley N° 6.753, de adhesión de la Provincia de Tucumán a la Ley Nacional N° 24.374 y entender en la regularización dominial de los inmuebles adquiridos por el Estado Provincial con dicha finalidad o afectados mediante Ley Provincial a dicho fin, en el marco de la Ley de Emergencia Social y Habitacional N° 7.347”.
Jaldo también ordenó a Catastro que concrete un relevamiento de las actuaciones cumplidas y las que se encuentran en trámite en el organismo disuelto, “a los fines de proveer la información a las autoridad judiciales intervinientes en la causa Castro Juan Pablo s/ usurpación y otros delitos” y en toda otro expediente en el que la Provincia denuncie usurpaciones de inmuebles fiscales, según publica La Gaceta.
Finalmente, el Poder Ejecutivo dispuso la suspensión e inicio de investigaciones administrativas de los empleados Maximiliano Rodrigo Martín Barreiro y de Pablo Rafael Trujillo; ambos se desempeñaban en la subsecretaria disuelta y están, según el decreto, “vinculados a la causa judicial”.
En ese expediente, en Tribunales se presentaron 14 damnificados, pero habría una veintena más. Se especula que al haber avanzado la investigación que confirmaría la maniobra serían más las personas que se presenten a denunciar.