La defensa de Felipe “El Militar” Sosa, detenido y procesado por el crimen de Érika Antonella Álvarez, planteó otra línea narco en el caso y mencionó la posibilidad de que uno de los mayores traficantes de drogas de Brasil esté vinculado al expediente. “Hasta hoy no puede afirmarse con certeza el mecanismo de la muerte ni descartarse otras hipótesis que surgen del propio expediente”, sostuvo Marcelo Cosiansi.
La joven, según la investigación del fiscal Pedro Gallo, fue asesinada el 7 de enero en la vivienda del “Militar”, ubicada en Santo Domingo al 1.100. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en un descampado de Manantial Sur. Por este crimen también fueron procesados por encubrimiento Justina Gordillo, empleada judicial y pareja de Sosa en el momento del hecho; Nicolás Navarro Flores, amigo de confianza del principal imputado; y Jorge “Chicho” Díaz, empleado de la empresa del supuesto autor del femicidio.
El caso, uno de los más impactantes de los últimos años, está atravesado por las drogas. Víctima y victimario afrontaban severos problemas de adicción. Gordillo y Navarro Flores, cuando declararon, reconocieron que “El Militar” comercializaba estupefacientes, especialmente éxtasis y cocaína. El amigo dijo que el acusado, horas después del crimen, le entregó una piedra de “merca” y una caja con sustancias sintéticas.
Por el femicidio, quedó al descubierto que “El Militar” podría haberse dedicado a la comercialización de estupefacientes. En junio de 2023, en el marco de una medida dictada por el fuero civil, se realizó una inspección ocular en un domicilio de Yerba Buena que pertenecía a Sosa. Los pesquisas encontraron 162 plantas, de las cuales 27 tenían cogollos; casi medio kilo de flores de marihuana; herramientas; sistemas de iluminación y de riego para la producción de cannabis; y elementos para su fraccionamiento. En un primer momento fue sobreseído, al considerarse que cultivaba cannabis para uso medicinal, pero la Cámara Federal de Apelaciones revocó esa decisión.
En 2024, José Sanjuán, fiscal de Narcomenudeo, desbarató una organización que se habría dedicado a la realización de fiestas electrónicas clandestinas donde se vendía éxtasis. Ahora surgió que Sosa podría haber sido el proveedor de la droga que comercializaba ese grupo, aunque nunca fue procesado en esta causa, que está cerca de ser elevada a juicio.
El primer golpe
Los familiares de Érika fueron los primeros en aportar un dato clave: ella era pareja de un hombre vinculado al tráfico internacional. Aseguraron que le decían “El Paraguayo” o “El Brasilero” y coincidieron en señalar que había elegido Tucumán para refugiarse.
Con el tiempo, se supo que el desconocido se llamaba Carlos “El Mayor” Ferreira, que había nacido en Paraguay y que estaba acusado de dirigir una organización dedicada al tráfico de marihuana en gran escala por vía aérea. También se confirmó que en 2021 fue detenido por personal de la ex Brigada en Juan Bautista Alberdi. Un juez federal de Chaco había ordenado su detención, al ser señalado como el responsable de haber enviado una millonaria carga de cannabis desde su país de origen a esa provincia.
No trascendió cuál fue su derrotero procesal; sí que habría regresado a Tucumán en 2023. Habría elegido nuevamente a Alberdi para refugiarse, una ciudad en la que se abrió una investigación por los posibles vínculos narcos con funcionarios.
Según pudo confirmar LA GACETA, la Policía hizo un seguimiento a “El Mayor”, al estar mencionado en la causa. Lo habrían ubicado en la zona de Orán, la localidad salteña considerada como punto clave en el narcotráfico. Al no haber pruebas en su contra, no se solicitó ninguna medida al respecto. Tampoco pudo establecerse si comenzó a ser investigado por drogas.
Otro pesado
Cosiansi reconoció que podría estar involucrado otro “Carlos”. “Al menos dos testimonios incorporados al expediente dieron el perfil de un hombre que no pasa inadvertido: múltiples identidades, dinero, vínculos con la droga y una presencia fuerte en su entorno personal”, destacó.
Según Cosiansi, ese hombre, conocido como “Cabeça Branca”, fue durante años uno de los narcotraficantes más importantes de Sudamérica. Durante décadas operó en la clandestinidad, construyó una estructura internacional de tráfico de cocaína, utilizó identidades falsas y logró sostener su anonimato, incluso alterando su apariencia física.
Sin embargo, esa pista choca contra un muro de dudas. Da Rocha, según los reportes a los que tuvo acceso LA GACETA, fue detenido en 2017 en Brasil y recibió una condena de 50 años que debería estar cumpliendo. “Si esa persona está efectivamente detenida, ¿por qué aparece su documento en la investigación? Otra pregunta: ¿se verificó si realmente está detenido?”, reflexionó el defensor de Sosa.
Cosiansi sostiene que el dato que surgió en el escenario es grave. “Alguien estaba utilizando una identidad vinculada a uno de los narcotraficantes más importantes de la región o bien, se omitió profundizar una línea que podría ser determinante para esclarecer el caso”, finalizó.
Fuente: La Gaceta