La causa que investiga la brutal agresión sufrida por Patricio Ledezma a la salida de un boliche en Tafí del Valle registró un cambio de rumbo. Mientras el Ministerio Público avaló el sobreseimiento de Santiago Bagne al considerar que no existen pruebas para sostener su participación en el ataque, la Fiscalía avanzó con la imputación de Belisario Iturbe, quien por primera vez fue señalado formalmente como uno de los presuntos agresores.
El expediente se originó tras el episodio ocurrido el 29 de enero, cuando la madre de Ledezma denunció que su hijo había sido golpeado por un grupo de jóvenes al retirarse del boliche La Cascada. Desde un principio responsabilizó a un grupo de oriundos de Concepción y el caso adquirió gran repercusión pública al ser comparado con el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell en 2020.
La investigación penal comenzó oficialmente el 4 de febrero. En esa instancia fueron detenidos Santiago Bagne y Máximo Carreras. Por instrucciones de la fiscal Mónica García de Targa, el auxiliar fiscal Hugo Campos los imputó por el delito de lesiones graves en grado de tentativa agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de coautores, y solicitó que permanecieran con prisión preventiva durante 30 días. Ambos fueron trasladados al penal de Benjamín Paz.
La decisión del juez Javier Núñez Campero provocó una fuerte reacción en Concepción, donde se realizaron movilizaciones para reclamar la liberación de los imputados. Quienes participaron de las protestas sostuvieron que el proceso tenía motivaciones políticas y recordaron que el gobernador Osvaldo Jaldo había reclamado públicamente que el hecho fuera esclarecido y que los responsables recibieran la máxima sanción.
Posteriormente, los defensores de Bagne, Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, lograron que un juez de Impugnación revocara la prisión preventiva. Si bien confirmó la imputación, permitió que el acusado continuara el proceso en libertad. Días después ocurrió lo mismo con Máximo Carreras, tras un planteo de sus abogados Ángel Fara y Daniel Medina. En ambas resoluciones, los magistrados exhortaron al Ministerio Público a imprimir mayor celeridad a la investigación.
A partir de entonces, el expediente ingresó en una intensa disputa judicial. La querella, representada por José María Molina, impulsó nuevas medidas de prueba y solicitó que también fueran investigados Belisario Iturbe, Mariano Costa Rojano, Juan Sebastián Molina y Santiago Fernández, al considerar que habrían tenido una participación relevante en la agresión.
Los cuatro jóvenes pertenecen a familias de reconocidos empresarios del sur tucumano y, según trascendió durante la investigación, al menos uno de ellos mantiene vínculos familiares con integrantes del Poder Judicial.
En paralelo, los abogados Santamarina, Ascárate y Paula Morales Soria, defensora de los restantes señalados, rechazaron la acusación y presentaron una denuncia contra Ledezma. Sostuvieron que el denunciante había acosado a la hermana de uno de los investigados y que esa situación desencadenó una pelea dentro del boliche.
Durante los últimos meses, el fiscal Gerardo Salas recibió declaraciones testimoniales, analizó registros fílmicos y evaluó las pruebas incorporadas por la Fiscalía, la querella y las defensas.
El expediente volvió a cobrar impulso cuando los representantes legales de Bagne solicitaron una audiencia para pedir su sobreseimiento. El planteo fue debatido la semana pasada y contó con el respaldo del Ministerio Público, aunque fue rechazado por la querella. En esa oportunidad, el juez Núñez Campero decidió no hacer lugar al pedido, lo que abrió una nueva instancia procesal.
Conforme al procedimiento previsto por la ley, el fiscal regional Fernando Blanno debía emitir opinión sobre el planteo. Finalmente, el funcionario coincidió con la postura del fiscal Salas y concluyó que las pruebas reunidas hasta el momento no permiten acreditar que Bagne haya golpeado a Ledezma. Por el contrario, entendió que los elementos incorporados indican que el joven intentó separar a los involucrados y poner fin a la agresión.
Con ese dictamen, la causa será remitida nuevamente al juez Núñez Campero, quien deberá convocar a una audiencia para resolver el sobreseimiento definitivo de Bagne.
La situación de Máximo Carreras permanece abierta. Las partes discrepan respecto del vencimiento del plazo de seis meses previsto para la investigación penal preparatoria: mientras las defensas y la querella sostienen que ese término ya expiró, el Ministerio Público considera que aún se encuentra vigente. Sus abogados, Ángel Fara y Daniel Medina, todavía no definieron si solicitarán el sobreseimiento por esa cuestión procesal. El planteo será tratado en una audiencia prevista para los últimos días del mes.
En paralelo, el fiscal Salas dio otro paso determinante en el expediente al notificar formalmente a Belisario Iturbe que será investigado por el ataque. Es la primera vez desde el inicio de la causa que la Fiscalía lo señala directamente como uno de los presuntos autores de la agresión.
Según trascendió, el representante del Ministerio Público ya requirió la audiencia correspondiente para formular cargos por el delito de lesiones leves. Por el momento, la pesquisa se concentrará en la situación procesal de Iturbe, aunque fuentes judiciales no descartan que, a medida que avance la investigación, puedan incorporarse nuevos imputados al expediente.
Fuente: Contexto