Hace tiempo que Luis Caputo tiene los ojos puestos en los dólares no declarados. Quienes lo conocen aseguran que ya en el 2022 su consultora Anker -ahora cerrada- puso la lupa en los billetes que los argentinos guardan fuera del sistema en cajas de seguridad en los bancos locales y cajas fuertes privadas. La letra chica de las nuevas medidas apunta a permitir su uso sin justificar su origen, por segunda vez en la gestión de Javier Milei.
«Queremos que se usen los dólares sin dar explicaciones», subrayó el ministro de Economía en una entrevista del streaming La Casa. Y señaló: «Que se usen para comprar lo que sea». «No compro el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos. La realidad es que no lo hacen porque les rompen los cocos», explicó. Y agregó que «la gente no los usa porque tiene miedo de que el ARCA los persiga«.
La idea es estimular la compra de bienes con ese dinero, sin que haya sanciones por los ingresos que no pagaron impuestos y la compra de dólares sin declarar, algo que hoy está prohibido por ley. «Es una suerte de blanqueo encubierto, todavía no está la norma, significa que vas a comprar un electrodoméstico y nadie te pregunta nada», dijo una fuente del equipo económico.
Por estas horas, en los pasillos de ARCA se habla de un tope para blanquear dólares de US$ 100.000, aunque desde el equipo económico aún no lo confirman. Se trata del mismo monto máximo autorizado en el blanqueo del año pasado, sin pagar impuestos ni afrontar penalidades. Ahora, Caputo busca flexibilizar las restricciones normativas sin enviar un nuevo proyecto de ley al Congreso.
El blanqueo del año pasado permitió blanquear US$ 20.000 millones en efectivo. La última etapa concluirá este miércoles, pero la misma no permite exteriorizar efectivo. El Gobierno estaría evaluando extender el «perdón fiscal» para habilitar el uso de los fondos ya declarados en bonos y acciones. «Se va extender el blanqueo, la Ley Bases lo permite, no sabemos cómo, siguen trabajando», aseguraron en un despacho oficial.
Dentro del organismo recaudador, estiman que hay US$ 300.000 millones fuera del sistema financiero -una cifra superior a las cifras del INDEC y los cálculos del FMI-, que podrían destinarse libremente a la compra de autos, terrenos, casas, electrodomésticos o, incluso, al mercado bursátil.
Con estos cambios, el Gobierno apunta a reforzar la «señal» de que el dólar va a bajar, algo que aún no logró desde la apertura parcial del cepo. En efecto, la cotización del dólar minorista se despertó este lunes y sobre le cierre de la rueda avanzó 20 pesos, a $ 1.210. De esa forma, quebró la racha de 14 días cotizando por debajo de $ 1.200.
«Las autoridades parecen estar apostando por un ingreso de dólares que ayude a mantener el tipo de cambio más cerca del piso que del techo de la banda, funcionando como ancla para la desinflación. Es decir, continuar reforzando los ingresos de divisas para reeditar el escenario observado durante los meses del blanqueo, con incremento de reservas y calma cambiaria«, señaló un informe de Fundación Capital.
El nuevo esquema cambiario cumplió 20 días sin poder acumular reservas. En los bancos observan que el «goteo» de los depósitos en dólares del blanqueo continuó en la primera mitad de abril y en el mercado calculan que salieron US$ 5.600 millones desde que en noviembre finalizó el plazo para exteriorizar efectivo. Recién en la segunda quincena hubo un repunte por la liquidación de divisas del agro.
En ese contexto, las medidas en marcha permitirían bancarizar el dinero en negro, incrementar los depósitos en dólares y engrosar las reservas del Banco Central. Y, a la vez, estimular el consumo en la antesala de las elecciones, aunque es una incógnita el impacto que tendrá en el comercio de electrodomésticos, donde el fuerte es la venta en cuotas con tarjeta de débito o crédito.
Hoy,para comprar un producto electrónico en efectivo o con depósito bancario las empresas piden DNI y datos de factura (hasta US$ 2.500) y autorizaciones de la gerencia y la declaración jurada de Personas Expuestas Políticamente (PEP) (entre US$ 6.000 y US$ 12.000), como exige la UIF. En el blanqueo del año pasado, los funcionarios de los tres poderes se vieron restringidos de ingresar, incluyendo cónyuges, convivientes, ascendentes y descendentes.
Otro punto sensible son los compromisos del gobierno con el FMI, entre ellos la implementación en septiembre de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero. En su último informe de diciembre, el organismo advirtió que «los delincuentes utilizan cuevas para transacciones informales de intercambio, pero también para transferencias informales de dinero y valores al exterior» y que los técnicos consideran que esta actividad «no tiene una escala insignificante«.
Fuente: Clarín