Los créditos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) podrían regresar. Esto se debe a un proyecto de ley impulsado por legisladores opositores que busca ofrecer préstamos de hasta $1.500.000 para beneficiarios de asignaciones universales, jubilados y trabajadores informales.
La iniciativa no apunta a fomentar el consumo, sino a rescatar a miles de hogares atrapados en deudas, priorizando su uso para compromisos financieros por sobre otros gastos.
Legisladores de distintos espacios políticos intentan restituir las líneas de crédito utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), con el objetivo de ordenar las finanzas de aquellos argentinos que quedaron excluidos del sistema bancario tradicional al enfrentar tasas elevadas en tarjetas de crédito y préstamos informales.
Quiénes podrían acceder a los nuevos créditos de ANSES
El proyecto prioriza a quienes reciben asistencia estatal y cuentan con ingresos bajos. De esta manera, el alcance estimado cubriría a más de diez millones de personas con acceso limitado al sistema bancario.
En caso de aprobarse la ley, podrían solicitar el crédito:
– Titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE) vigentes en todo el país
– Jubilados y pensionados bajo el régimen SIPA con ingresos que no superen seis haberes mínimos
– Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).
– Personal de casas particulares registrado
– Monotributistas inscriptos en las categorías A, B, C y D
El foco del proyecto no está puesto en la capacidad de consumo, sino en la vulnerabilidad financiera de los potenciales beneficiarios.
Cómo funcionarían los nuevos créditos de Anses
Según el texto de la iniciativa, los fondos no llegarían directamente a manos de los titulares. En cambio, la Anses transferiría el monto solicitado a los acreedores indicados por el solicitante para cancelar deudas con tarjetas, financieras o préstamos informales.
El trámite sería 100% digital y se realizaría a través de la aplicación Mi Anses, donde los solicitantes deberán registrar sus acreencias.
En cuanto a las condiciones financieras, la propuesta establece una tasa equivalente a la TAMAR más diez puntos porcentuales, con el objetivo de ubicarla por debajo del costo promedio del crédito comercial. Además, el tope de $1.500.000 se actualizaría automáticamente de acuerdo con la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil.
El sistema también contemplaría controles electrónicos y auditorías automáticas para verificar que los pagos se destinen efectivamente a cancelar las deudas declaradas. En ese marco, se podrían rechazar operaciones que no cumplan los requisitos y reportar irregularidades para la aplicación de sanciones administrativas.
Cuándo podrían implementarse
Para convertirse en ley, el proyecto deberá primero ser tratado en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Los legisladores impulsores estiman que, en caso de obtener sanción, la medida podría entrar en vigencia durante el segundo semestre de 2026.
No obstante, se prevé que el uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad será uno de los principales puntos de debate durante el tratamiento legislativo.