Las víctimas en la causa por trata sexual de alumnas de secundario en la provincia de Salta son 33 y las autoridades judiciales también confirmaron que hay nueve imputados.
Frente a la gravedad del caso y la posible recepción de nuevas denuncias, se autorizó la ampliación de la imputación penal y a la extensión del plazo de investigación hasta fines de mayo de 2026.
En la audiencia desarrollada días atrás, el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, resolvió dar lugar al pedido de los fiscales Eduardo Villalba y Roxana Gual en torno a la investigación por la red de trata sexual que se encargaba de captar alumnas de colegios secundarios tanto privados como públicos.
El inicio de la causa sucedió a mediados de junio pasado tras la primera denuncia que permitió en septiembre la detención de cuatro personas que fueron imputadas como coautoras del delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, minoridad y cantidad de víctimas; el número de intervinientes y por haberse consumado la explotación.
Tras esto, se sumaron otro cinco implicados, a quienes también se les imputó su participación en la red de trata. Durante la pesquisa se logró establecer que las víctimas pasaron de tres a 33 y no se descarta la posibilidad de que existan más adolescentes afectadas.
La información aportada en el portal Fiscales, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, indica que la mamá de una de las víctimas fue la que realizó la denuncia al constatar que su hija tenía en su poder un celular de alta gama y, al revisarlo, vio mensajes de índole sexual, entre ellos uno enviado por un remisero actualmente imputado, a través del cual hacía alusión a su otra hija, de 12 años.
Con el rol preciso de cada uno de los acusados, la fiscalía describió cómo se había originado la red de trata sexual y cuál era su objetivo principal: «A tal punto era la perversidad que descartaban a las adolescentes que avanzaban en edad. Cuando ya cumplía los 18 años, las desechaban”, se puntualizó.
Si bien el fiscal general identificó al remisero como el fundador de esta red, quien recibía dinero por coordinar los servicios sexuales, no fue el único que tenía a su cargo la captación, sino que todos tuvieron participación, debido a que hubo un indicador común en las víctimas de que los acusados “les pedían que consigan más amigas”.
En concreto, el fiscal afirmó que “se acreditó la existencia de un número importante de víctimas niñas, las que quedaron presas de una red que, con distintos fines, le permitía a los imputados explotarlas sexualmente”.
En el cierre de la audiencia, a fiscalía sostuvo que aún resta “analizar un gran cúmulo de material probatorio que podría develar otros delitos, o bien, identificar a otras personas implicadas en esta red de trata sexual”.