Los herederos de Mendo Masmud solicitaron que la Justicia investigue si el incendio ocurrido el 24 de julio en un galpón de Yerba Buena fue provocado de manera intencional. La presentación vincula el siniestro, que destruyó una camioneta y parte del predio, con una presunta amenaza previa y con un conflicto familiar y judicial de larga data por la propiedad del inmueble.
La denuncia quedó radicada en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, que deberá analizar el legajo y resolver si corresponde derivarlo a una fiscalía especializada. Entre las medidas requeridas figuran la incorporación de las actuaciones de Bomberos y de la Policía, además de la citación de Cristian Villarreal, quien ocupaba una parte del terreno como depósito de cables de fibra óptica y otros materiales.
Los denunciantes pidieron investigar a Alejandro Ramón Masmud por la posible comisión de los delitos de estafa y desobediencia judicial, así como por su eventual responsabilidad en el incendio. También cuestionaron la presunta introducción clandestina de un tercero en el inmueble y el cobro de alquileres sobre una propiedad cuyo título fue declarado nulo mediante sentencia firme.
El campo se encuentra en Mendoza al 2700, en La Rinconada, Yerba Buena. Perteneció a Mendo Masmud, quien murió el 22 de enero de 1976 y dejó el inmueble como herencia a sus seis hijos.
Según explicó el abogado Santiago Martínez López Pondal, los sucesores descubrieron años después la existencia de un poder notarial presuntamente firmado por Mendo Masmud en 1989, trece años después de su fallecimiento. El documento colocaba como apoderado a su hermano Reyes Masmud.
Con ese instrumento, Reyes Masmud se presentó en una escribanía en julio de 2003 y formalizó la venta del campo a su propio nombre. Cuatro años después realizó una oferta de donación en favor de su hijo, Alejandro Ramón Masmud.
Los herederos promovieron en diciembre de 2013 una demanda para obtener la declaración de falsedad del documento ante el Juzgado Civil y Comercial Común de la III Nominación. El litigio atravesó tres instancias judiciales y se extendió durante más de una década.
En septiembre de 2024, el juzgado de primera instancia declaró la nulidad y la inexistencia de los instrumentos cuestionados y ordenó cancelar los respectivos asientos registrales. La Sala II de la Cámara Civil y Comercial confirmó esa resolución en abril de 2025.
En abril de 2026, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazó el recurso de casación presentado por Reyes Masmud y su hijo, con lo cual quedó firme la nulidad de la documentación. “En doce años hubo tres instancias y un resultado unánime: los herederos de Mendo Masmud son los legítimos dueños y los instrumentos usados para robarles el campo eran falsos”, afirmó Martínez López Pondal.
Pocas semanas después de esa decisión, cuando los herederos realizaban actos de posesión sobre el lote, Alejandro Masmud los denunció por una supuesta usurpación. Esa presentación dio origen a un sumario policial y a una acción de amparo ante el Juzgado de Paz Letrado de Yerba Buena.
De acuerdo con la denuncia actual, Masmud acompañó como prueba los mismos documentos que ya habían sido declarados nulos e inexistentes. Frente a ese planteo, Juan Carlos Masmud y su abogado solicitaron el archivo de la causa al sostener que carecía de fundamento, dado que la propiedad de los herederos había sido reconocida por una sentencia firme de la Corte provincial.
El conflicto tiene otro antecedente fechado en febrero de 2014. En ese momento, el Juzgado Civil y Comercial de la III Nominación dictó una medida cautelar de no innovar y ordenó a Alejandro Masmud abstenerse de modificar la situación material y jurídica del inmueble.
Según Martínez López Pondal, esa disposición habría sido incumplida en varias oportunidades. Una de ellas se habría producido en 2015, cuando Alejandro Masmud formalizó ante un escribano la aceptación de la donación y gestionó su inscripción en el Registro Inmobiliario.
La segunda presunta transgresión estaría relacionada con el ingreso de Cristian Villarreal al terreno. La presentación sostiene que Alejandro Masmud le alquiló desde 2021 una parte del predio para utilizarla como depósito, a pesar de que la medida cautelar continuaba vigente y de que su título de propiedad estaba judicialmente cuestionado.
Los herederos solicitaron que esa operación sea investigada como una posible estafa agravada. Según su hipótesis, Villarreal habría pagado el alquiler convencido de que la documentación exhibida era válida. La denuncia afirma que Masmud le mostró la escritura de donación de 2007 como respaldo de la contratación.
Posteriormente, los hijos de Mendo Masmud informaron a Villarreal sobre el litigio y le comunicaron las decisiones judiciales que habían reconocido sus derechos sobre el inmueble. Siempre de acuerdo con la presentación, el inquilino se ofreció entonces a restituirles el sector que ocupaba.
El abogado aseguró que, al tomar conocimiento de esa decisión, Alejandro Masmud habría amenazado con incendiar los vehículos y materiales de Villarreal. El 24 de julio se declaró un incendio dentro del predio, que destruyó una camioneta y afectó parte del lugar.
El operativo requirió la participación de tres dotaciones de bomberos. La presencia de cables de fibra óptica almacenados en el galpón y la cercanía de líneas de alta tensión aumentaron el riesgo durante las tareas de control.
“La secuencia —amenaza previa, incendio posterior que destruye exactamente lo amenazado— genera indicios graves y concordantes de autoría dolosa”, sostuvo Martínez López Pondal. Esa afirmación forma parte de la hipótesis de los denunciantes y deberá ser contrastada mediante pericias y otras pruebas.
Además de esclarecer el origen del fuego, la presentación solicita investigar el cobro de alquileres sobre el inmueble, el ingreso del tercero al predio y la posible desobediencia de la medida cautelar. También pide archivar la denuncia por usurpación formulada contra Juan Carlos Masmud y los demás herederos, y disponer medidas que impidan nuevas intervenciones sobre la propiedad.
“Los herederos de Mendo Masmud no piden nada extraordinario. Piden lo que la Corte Suprema ya les reconoció: recuperar el campo de su padre. Nada más. Nada menos”, concluyó el representante legal./Contexto