En el marco del juicio por la estatización de YPF, el fondo Burford Capital solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York ampliar la búsqueda de información para embargar activos argentinos que permitan cobrar el fallo que obliga a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones, con el acceso a los mails y chats de 26 funcionarios.
El listado en discusión fue dado a conocer por Sebastián Maril, de Latam Advisors: «Lo que piden es buscar los mails con palabras clave. Hoy, los beneficiarios pidieron postergar la definición. Ahora, la Corte deberá definir si acepta el pedido en las dos audiencias que habrá el próximo martes por YPF y el Banco Nación. Se ha incrementado el nivel de disputa entre Argentina y los beneficiarios del fallo», detalló.
Entre esos funcionarios figuran el ministro de Economía, Luis Caputo, el asesor presidencial Santiago Caputo y el exministro de Hacienda y excandidato presidencial, Sergio Massa.
Las partes ya habían acordado la semana pasada la apertura de las comunicaciones de 12 funcionarios de segunda línea de la gestión de Javier Milei y Alberto Fernández.
Pero los beneficiarios del fallo pidieron a la jueza Loretta Preska incluir otros 14 nombres, entre ellos los Caputo, lo que acrecentó las tensiones con los fondos que buscan acelerar el cobro por la expropiación de YPF en 2012.
La medida solicitada se enmarca en el «discovery» autorizado en febrero para buscar información desde el 2020 a la fecha y probar que las entidades públicas, como el Banco Central y el Banco Nación, son lo mismo que YPF, una sociedad anónima que cotiza tanto en la Bolsa de Buenos Aires como en Nueva York.
El objetivo es poder acceder a activos argentinos, como el oro que trasladó Caputo al exterior.
Según la presentación, la Argentina «se ha negado a recopilar y producir documentos relevantes que no están contenidos en cuentas de correo electrónico mantenidas por el gobierno, incluyendo comunicaciones transmitidas a través de cuentas de correo electrónico personales o aplicaciones de mensajería (como WhatsApp, Slack o Gmail)».
Para los demandantes, «el descubrimiento de méritos demostró que los funcionarios del gobierno argentino se comunican ampliamente a través de cuentas de correo electrónico no gubernamentales en sus capacidades oficiales».
Y si bien el Gobierno ofreció revisar sólo las comunicaciones externas de funcionarios con empleados de YPF o del BCRA, los reclamantes consideran que «no son suficientes».
El argumento es que las discusiones internas sobre YPF y el BCRA también son «esenciales» para establecer el control del gobierno sobre esas entidades.
Burford compró en España el derecho a litigar contra la petrolera, luego de que dos empresas del Grupo Petersen (de la familia Eskenazi) con acciones en YPF fueran a la quiebra y renunciaran a hacerle juicio al Estado por la expropiación.
En la lista de funcionarios argentinos también figuran la actual subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, Mariela Beliansky, el exsecretario general de Presidencia Julio Vitobello, el exministro de Interior Eduardo «Wado» de Pedro, el exviceministro de Economía Gabriel Rubinstein, el exsecretario de Industria José Ignacio de Mendiguren, el extitular de Aduana Guillermo Michel, el exsecretario legal de Economía Ricardo Casal, su antecesora Rita Haydee Tanuz, y el exsecretario de Comercio Matías Tombolini.