Tras la apelación del Estado nacional al fallo de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF a los demandantes, los fondos Burford Capital y Eton Park pidieron que se rechace el pedido de Argentina.
Los fondos son los beneficiarios de la sentencia por U$S 16.000 millones, más los intereses que corren hace casi ya dos años.
Según analizó el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, los beneficiarios sostienen que Argentina «ha abusado durante una década de la justicia norteamericana» y piden que no se otorgue el beneficio de suspender el fallo.
Además, mencionan el intento del Congreso que aprobar una ley para desobedecer la orden de la Corte y el discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el que apunta contra la jueza. También consideran poco probable que Argentina gane la apelación.
Otro de los fondos que había litigado contra Argentina, pero en el marco de otra causa por bonos de deuda en default, fue Bainbridge, que también solicitó que se la jueza rechace el pedido argentino
Bainbridge le marcó a Preska que no «debe conceder una suspensión al reciente fallo sobre YPF».
Argentina pidió un «stay», una suerte de cautelar, para no tener que ejecutar el fallo de Preska, que le ordena al país entregar el 51% de las acciones de YPF para que dos fondos puedan cobrar acreencias con el país.
«Asumimos que ese ‘stay’ no será efectuado hasta que la Argentina no transfiera sus acciones clase D (las del Estado nacional) a una cuenta de custodia global a cargo del Bank of New York Mellon», dicen los abogados de Bainbridge en una presentación realizada el lunes en el juzgado de Preska
Argentina solicitó la exposición de argumentos orales para defender su posición. Al respecto, Bainbridge expresa que «nos gustaría escuchar la posición de la República Argentina para preservar la situación y prevenir cualquier dilación post transferencia si un stay es garantizado, como así también su exposición sobre la probabilidad de éxito en la apelación»
Durante la semana pasada, la jueza Preska ordenó que Argentina entregue el 51% de YPF. Es para pagar una sentencia de u$s 16.000 millones que pesa contra el país por la expropiación de la petrolera. Según la magistrada, Argentina incumplió con el estatuto de YPF. En el mismo se establecía que si un accionista (en este caso, el Estado) tomaba la mayoría de la empresa, debía hacer una oferta pública al resto de los accionistas
Pero Bainbridge entró en el juicio por la ventana. Su reclamo es por deuda soberana impaga, por menos de u$s 100 millones. Lo llamativo es que Preska le concedió que las acciones del Estado en YPF pueden servir para pagar esa deuda
Al principio, esa posibilidad parecía solo disponible para Burford y Eton Park, que litigan contra el país desde hace mucho y ya cuentan con una sentencia a favor de u$s 16.000 millones, que pueden ser más si corren intereses y punitorios.
El pedido de Bainbridge generó un efecto contagio sobre otros fondos que litigaron contra Argentina. Convocando la cláusula «me too» (yo también), los fondos Attestor, Trinity Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee, que también litigaron contra Argentina por bonos de deuda, pidieron que se les entreguen también acciones de la empresa.