El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni se mostró hoy proclive a la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández utilice su facultad de indultar a la vicepresidenta Cristina Kirchner si existiese una «sentencia definitiva antes de las elecciones».
A su criterio, un fallo de esas características del máximo tribunal «sería algo demasiado abierto, demasiado descarado», y en esas circunstancias el jefe de Estado debería intervenir.
«Desde mi punto de vista, también la podría indultar ahora, pero eso se lo van a declarar inconstitucional», admitió.
«Hay dos criterios con respecto al indulto. En el caso de los procesados, yo creo que corresponde, porque nuestra Constitución es más o menos una copia de la de Estados Unidos, donde el indulto a procesados es claro. Pero, naturalmente, si lo hace ahora, la Corte le diría que no, y no tendría sentido», amplió.
En declaraciones radiales, Zaffaroni consideró que «acá hay un sentido muy claro de persecución política», y aseguró que «el lawfare que funciona» en la Argentina está también presente «en toda nuestra región» y ahora también en Estados Unidos con la situación que atraviesa el ex presidente Donald Trump.
«Es el lawfare dentro de Estados Unidos. A mí no me gusta ese personaje, por supuesto, pero, independientemente de eso, lo están persiguiendo políticamente, eso es claro. Lo hacen valiéndose del Poder Judicial y de los medios», opinó.
Para el también ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Corte Suprema en Argentina es peculiar porque «no existe ningún tribunal supremo con cuatro o cinco jueces, lo que es una concentración de poder inadmisible».
«Así llegamos a este estado en el que tenés una concentración de poder en Comodoro Py, un lawfare andando a toda máquina y una Corte Suprema que hace cualquier cosa. Estamos en una situación ajurídica donde cada uno ejerce el poder como quiere, solo limitado por los otros factores de poder», reflexionó.
Además, señaló que «tampoco existe un proyecto» del Gobierno ya que, «por ejemplo, no propuso un Procurador General, que es un deber del (Poder) Ejecutivo».