Es un dato oficial del Ministerio de Salud: 59.267 personas pudieron interrumpir su embarazo de manera legal en el sistema público entre enero y septiembre de 2022. La cifra abarca tanto las ILE (casos de violación, inviabilidad del feto o riesgo para la salud de la madre), como IVE: interrupciones voluntarias hasta la semana 14, es decir, los abortos legales que llegaron hace apenas dos años con la sanción de la Ley 27.610.
“No hay que ver los abortos como nacimientos que no ocurrieron porque no lo son. Son abortos clandestinos e inseguros evitados”, asegura Valeria Isla, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud.
Según el relevamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud el número es significativamente más bajo en el sector privado. Y también el método: el porcentaje de abortos con medicamentos apenas pasa el 30 por ciento mientras que en el sector público es el método principal.
“Más del 95% son abortos con medicamentos o que empiezan con medicamentos y requieren alguna aspiración que reemplaza al legrado, hoy es totalmente obsoleto”, marca Isla.
Misoprostol y un nuevo tratamiento
La mayoría de las mujeres que abortan lo hacen en sus casas, incluso si pasan por el sistema de salud. El aborto con pastillas es la práctica más común y en la Argentina solo está disponible el misoprostol.
Durante 2022, el Ministerio de Salud comenzó a distribuir lo que denomina “combipack”. “La mifepristona, junto con el misoprostol, es el tratamiento recomendado por la Organización Mundial de la Salud que tiene más del 97% de efectividad. Es más rápido y con menos dolor”, marca Islas. Todavía no disponible de manera comercial el objetivo del ministerio para 2023 es la producción pública del medicamento que ya avanza en Río Negro, San Luis, Santa Fe y Buenos Aires.
Quiénes abortan en la Argentina
Preservativo vaginal, varilla subdérmica doble, pastillas, anillo, diu. Son 11 los métodos anticonceptivos de barrera, media o larga duración que deben ponerse a disposición de la persona que llega a abortar (o a parir o a cualquier instancia de atención de su salud sexual y reproductiva). Esta instancia no existía en los abortos clandestinos y es una instancia clave para evitar embarazos no intencionales.
La ley garantiza la discreción pero el estigma persiste, especialmente en las ciudades chicas o con contextos políticos o religiosos contrarios a la práctica. Sin embargo, la participación del Estado aporta nueva información. Asegura Isla: “Es una una sorpresa interesante mirar alguno de estos números porque en general quienes abortan son mujeres que ya han tenido hijos, de más de 25 y más de 30 también. Hay jóvenes, pero no son la mayoría”.