La Justicia en la Argentina es lenta, pero a veces llega: a 15 años del comienzo de la causa, se realizará el juicio oral del proceso más importante por reventa de entradas y defraudaciones múltiples a un club que engloba a dirigentes, policías y barrabravas. Es que el viernes, sobre el filo del cierre de la jornada, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 11 de la Capital Federal fijó para el 15 de febrero de 2027 el inicio del debate oral y público contra Daniel Alberto Passarella, buena parte de su comisión directiva, toda la cúpula de Los Borrachos del Tablón que manejaron la tribuna durante una década y dos altísimos policías acusados de darles cobertura para hacer los negocios ilegales.
Sí, a menos de seis meses de quedar prescripta (se vencía el proceso en junio de 2027), los socios e hinchas de River sabrán si habrá algún tipo de reparación por el presunto desfalco que descubrió el fiscal José María Campagnoli, que venía siendo reflejado por este medio en innumerables ocasiones y que podría llevar por primera vez a prisión al presidente de un club por sus relaciones con los barras.
La historia nació judicialmente el 23 de junio de 2012. Ese día River se jugaba el ascenso a Primera División contra Almirante Brown en el Monumental. Guillermo F., socio y abonado a la platea San Martín media, fue al estadio soñando con dar la vuelta olímpica junto a su hijo y su pareja, también abonados. Pero se encontró con que uno de los asientos que le pertenecía estaba ocupado. Cuando reclamó, el hincha que estaba en dicha butaca sacó su entrada de protocolo, comprada en la reventa. Tenía misma fila, mismo asiento. Todo podría haber quedado en una simple anécdota, pero cuando Guillermo F. reclamó a las autoridades, en vez de resolver el problema, lo ningunearon y lo patotearon con la presencia de los barras.
Entonces dos días después decidió hacer la denuncia judicial por estafa. Se estaba engendrando la madre de todas las causas que tendrá juicio por administración fraudulenta e instigación a la formación de grupos violentos cuya sumatoria aritmética da hasta 12 años de prisión. Al mismo tiempo se sustanciará también en el mismo proceso un juicio por extorsión de la barra y la Policía contra Ariel Calvici, el famoso Pato Ariel, que en aquel momento era miembro de la facción oficial, quiso tomar la conducción Borracha y fue apartado tras una negociación entre los capos de la barra y altos uniformados que le avisaron que de seguir con sus intenciones, le iban a plantar kilos de cocaína en el auto y lo iban a meter preso muchos años.
Las constancias de la causa tiene pruebas sorprendentes sobre la movida de la reventa y de dinero que se extraía de pases de jugadores. En el caso de las entradas se pudo establecer por escuchas telefónicas y seguimientos personalizados que River tenía agendados los datos de 10.000 socios que habitualmente no concurrían al estadio y se los usaban en forma rotativa para imprimir 1.500 tickets por partido que iban para la barra y entre martes y jueves, los capos de Los Borrachos del Tablón pasaban a buscarlos por una oficina del club: cuando allí la cuestión se ponía complicada, se reunían en un lavadero de autos de la avenida Libertador llamado Manotas o en una estación de servicio de Juan B. Justo y Nicaragua donde se hacía la entrega. A partir de ahí los barras las comercializaban por dos vías: Mercado Libre, por Internet y por una oficina vip ubicada en un edificio de la calle Carlos Pellegrini 27, pleno microcentro.
Además, los días de partido, en las cercanías del Monumental, había un ejército de 57 revendedores todos identificados por la Justicia que recibían los tickets en los quinchos del club y tenían una oficina sui generis en la calle Ricchieri, a tres cuadras del Monumental, pegada a la iglesia del lugar, para reportar las ganancias. Ah, las entradas que manejaban los barras eran para las tribunas San Martín, Centenario, Sívori y Belgrano alta. Y aunque parezca insólito, también tenían dos palcos bajo la fachada de una empresa trucha de turismo. Y se vendían a razón de 300 dólares por partido. La plata que se movía era tanta que para blanquearla después en el circuito legal, los barras, según la causa que llega a juicio, compraban propiedades a refaccionar por medio de una sociedad anónima de testaferros para venderlas ya recicladas. En el medio sobrefacturaban los trabajos para justificar el dinero. Increíble.
Como si esto fuera poco, la dirigencia según el requerimiento de elevación a juicio también defraudaba al club en pases de jugadores y hasta cobro de sueldos. Por ejemplo, el fiscal Campagnoli dio por probado que se libraron 26 cheques a nombre de futbolistas como Carlos Sánchez, Mariano Pavone, Agustín Alayes y Leandro Vella, entre otros, quienes jamás vieron un peso porque se les falsificaba la firma, se los endosaban a nombre de un tercero y después se cobraban por ventanilla. También aparece en la causa un pago duplicado de comisiones por el pase del jugador Jonathan Fabbro, hoy preso por violación. Uno fue a manos del representante del ex futbolista. El otro habría ido a repartir entre la dirigencia, según el dictamen.
Además los recitales en River eran otra fuente de ingreso ilegal, concluye el fiscal no sólo por la reventa de tickets sino porque la institución pagaba millones de pesos a una empresa por adicionales de seguridad privada que según el contrato debían abonarlos las empresas de shows y no el club. Y como para hacer más grotesca la maniobra, River emitía las facturas a nombre de la empresa Radiollamada S.A., que estaba registrada como servicio de remises y nada parecía tener que ver con seguridad privada. Esto se suma a que River ya tuvo que pagar un año y medio atrás una sentencia comercial de 2,5 millones de dólares a la empresa Time For Fun, que había contratado el estadio para hacer recitales en el período 2009-2013 pero después la administración del Kaiser decidió desconocer el acuerdo y alquilarle el Monumental a otra empresa diferente.
En la causa también aparecen otros presuntos delitos varios como refacciones inexistentes en el estadio, sobreprecios, licitaciones fraguadas y hasta contratos extraños por servicios de limpieza, todos por montos millonarios. Además de Passarella, deberán sentarse en el banquillo desde el 15 de febrero algunos de sus colaboradores más cercanos como Diego Turnes, que era vicepresidente, Eduardo Rabuffetti, que manejaba el fútbol amateur, los ex tesoreros Hugo Carreras y Daniel Mancusi, Francisco Biernakowicz y Gustavo Poggi, acusados de ser los nexos con la barra y toda la cúpula de Los Borrachos de entonces encabezada por Martín Araujo, alias Martín de Ezeiza y Guillermo Godoy, conocido como Caverna. En total son 31 las personas acusadas incluyendo a los policías Alejandro Hayet y Alejandro Rivaud, alias el Francés, y a Diego Rodríguez, hermano de María Cecilia Rodríguez, quien fuera ex ministra de Seguridad de la Nación en parte del segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.