La Justicia penal de Tucumán investiga un presunto entramado de falsificación documental en el marco de un juicio sucesorio que involucra un patrimonio estimado en unos seis millones de dólares, compuesto por una cuenta bancaria y 20 inmuebles. En el expediente, dos mujeres que se presentaron como herederas quedaron bajo sospecha tras denuncias cruzadas por la supuesta adulteración de un testamento y un acta matrimonial.
El caso gira en torno a la herencia de Guillermo César Lerner, quien murió el 16 de abril de 2021 a los 73 años en el hospital Centro de Salud, tras haber contraído Covid-19. Nacido en Buenos Aires y radicado desde pequeño en Tucumán, Lerner había continuado el negocio familiar de comercialización de productos de limpieza y químicos industriales fundado por sus padres, Jacobo Lerner y Celia Luisa Cesario.
Al momento de su fallecimiento, el empresario no contaba con herederos forzosos ni colaterales, lo que motivó que un allegado identificado como H. notificara al Estado provincial sobre la existencia de una herencia vacante. Según explicó el abogado Santiago Martínez López Pondal, la ley provincial 2.461 establece que, en estos casos, quien denuncia la vacancia puede recibir hasta el 50% del acervo hereditario, mientras que el resto ingresa a las arcas públicas.
En paralelo a esa presentación, en abril de 2021 una mujer identificada como M.A.B. inició un juicio sucesorio en el fuero civil, alegando ser la única heredera testamentaria. Según su relato, su vínculo con la familia Lerner se remontaba a 1984, cuando comenzó a trabajar como administrativa en la empresa, relación que —aseguró— derivó con los años en una sociedad comercial y un lazo afectivo estrecho con los integrantes del grupo familiar. También sostuvo que manejaba las cuentas bancarias y asistía en el cuidado personal y médico del empresario y sus padres.
En ese marco, afirmó que en junio de 2020 Lerner firmó un testamento en el que la designaba como heredera universal, en reconocimiento a más de cuatro décadas de colaboración.
Sin embargo, en agosto de 2021 una segunda mujer, identificada como S.P.C., irrumpió en el proceso solicitando la suspensión de la sucesión y presentó un acta de matrimonio que la vinculaba con el fallecido, supuestamente celebrada en 2019 en Alpachiri.
A partir de allí se desató una disputa judicial. M.A.B. denunció a la otra mujer por presunta falsificación de la firma y del documento de identidad de Lerner en el acta matrimonial. En sentido inverso, S.P.C. cuestionó la autenticidad del testamento, al sostener que habría sido firmado un sábado en plena vigencia de restricciones sanitarias por la pandemia y que la huella dactilar incorporada sería apócrifa.
El conflicto dio un giro cuando, según explicó el letrado Martínez López Pondal, ambas partes decidieron desistir de las acciones de falsedad en momentos clave del proceso, justo cuando se habían sorteado peritos calígrafos que debían determinar la autenticidad de las firmas y huellas. En ese contexto, las dos mujeres firmaron un acuerdo para repartirse los bienes en partes iguales.
Ante esta situación, H. promovió una denuncia penal contra ambas antes de que avanzara la comercialización de los inmuebles. La causa es investigada por el fiscal Fernando Blanno, titular de la Fiscalía de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II. Como consecuencia, la jueza que interviene en el fuero civil dispuso suspender la autorización para la venta de los bienes.
En el marco de la investigación penal, se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a las denunciadas, donde se secuestraron documentos y equipos informáticos. Además, se intervino una librería en la que, según la pesquisa, se habría impreso una huella digital del fallecido para incorporarla al testamento.
No obstante, el abogado denunció que una de las partes habría incumplido las restricciones judiciales al concretar la venta de un inmueble ubicado en avenida Perón y Bascary por un monto de 300.000 dólares.
La querella anticipó que solicitará la intervención del Estado provincial en ambas instancias, tanto penal como civil, con el objetivo de que se determine la eventual falsedad de los documentos y que el patrimonio, en caso de confirmarse la inexistencia de herederos legítimos, sea incorporado a la provincia. Según planteó el representante legal, esos recursos podrían destinarse a obras públicas, como infraestructura educativa, soluciones habitacionales o asistencia social.
Fuente: Contexto