Tres testimonios aportaron nuevos elementos que complican la situación de Felipe “El Militar” Sosa, el principal acusado por el femicidio de Érika Antonella Álvarez. Durante la audiencia del miércoles, testigos confirmaron que el imputado llevó su camioneta a un lavadero para realizar una limpieza especial, retiró $57 millones de distintas entidades bancarias y adquirió una motocicleta antes de viajar a Buenos Aires, donde finalmente fue detenido.
Las declaraciones estuvieron centradas en los movimientos que realizó Sosa entre el 8 y el 9 de enero, durante los días posteriores al crimen. Para los investigadores, esas operaciones podrían aportar elementos sobre las acciones del acusado después del hecho y sobre una posible planificación de su salida de Tucumán.
Uno de los testimonios más relevantes fue el de Patricio Graels, propietario de un lavadero ubicado en la intersección de Lola Mora y Perú, en Yerba Buena. El comerciante confirmó que Sosa llevó una camioneta Volkswagen Amarok el 8 de enero y solicitó un servicio especial de limpieza interior.
Se trata del vehículo en el que, según la hipótesis de los investigadores, el acusado habría trasladado el cuerpo de Érika hasta el descampado donde fue encontrado.
“Él la llevó el 8 de enero y pagó $21.000 por el servicio que le hicimos”, declaró Graels ante el tribunal.
El testigo precisó que Sosa pidió una limpieza premium, que incluye lavado, limpieza y aspirado de los asientos y del interior del vehículo. Explicó que, cuando los clientes no solicitan ese servicio, solamente se realiza un aspirado.
El dato adquirió relevancia porque los investigadores sostienen, a partir del análisis de las cámaras de seguridad, que el cuerpo de la víctima habría sido transportado en la parte trasera de la camioneta, uno de los sectores comprendidos en el trabajo de limpieza solicitado.
Retiró $57 millones de distintos bancos
Otro de los testimonios que llamó la atención fue el de Rodolfo Del Pino, perito contable del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF), quien analizó los movimientos bancarios de Sosa y de su ex pareja, Justina Gordillo, entre el 7 y el 16 de enero.
Según el informe presentado ante el tribunal, el 8 de enero Sosa realizó tres operaciones en diferentes bancos de Tucumán y retiró por ventanilla un total de $57 millones.
Los investigadores sospechan que el dinero, proveniente de las empresas del acusado, podría haber sido destinado a financiar una eventual fuga.
En relación con Gordillo, el perito informó que solamente se detectaron dos movimientos en su cuenta sueldo, por un total de $910.000. Durante el período analizado no recibió transferencias, sino únicamente la acreditación de los haberes que percibía del Poder Judicial.
Compró una KTM antes de viajar a Buenos Aires
La tercera declaración relevante fue la de Juan Carlos Yácumo, empleado de una concesionaria de motocicletas donde Sosa adquirió el rodado que utilizó para viajar a Buenos Aires.
El testigo explicó que el acusado se presentó en el comercio para retirar una llave de una motocicleta. Durante esa visita, el propietario del local le ofreció cambiar su vehículo por un modelo más nuevo y la operación terminó con la compra de una KTM.
“Entregó su moto más vieja, $4 millones en efectivo y firmó un documento de U$S 10.000 por el saldo que le quedaba por pagar y por la ropa especial que también se llevó del local. Ese documento terminó siendo cancelado por su padre, en marzo. La operación se cerró el 9 de enero”, detalló Yácumo.
El empleado también confirmó que, por pedido de Sosa, la motocicleta fue inscripta a nombre de Justina Gordillo, quien enfrenta una acusación por encubrimiento.
Yácumo aclaró que esa modalidad no resulta inusual en el rubro. “Es muy común que las personas que adquieren motocicletas de alta gama las pongan a nombre de su pareja o de la empresa de la que son dueños”, explicó.
La compra se concretó un día antes de que Sosa emprendiera su viaje a Buenos Aires. Según la hipótesis del fiscal Pedro Gallo, ese desplazamiento habría tenido como objetivo evadir el accionar de la Justicia. La adquisición de indumentaria especial para viajar en motocicleta también fue considerada un elemento relevante para esa teoría.
La situación de Justina Gordillo y las diferencias entre las partes
Durante la audiencia también declaró Marcos Vidal, dedicado a la compraventa de motocicletas usadas. El testigo confirmó que en julio de 2025 Gordillo lo contactó para que cotizara una moto que Sosa quería vender.
Vidal explicó que conocía a Gordillo porque era amigo de la infancia de su ex marido y sostuvo que sabía que la motocicleta pertenecía a Sosa.
“Nunca me enteré de que ella era una aficionada a andar en moto y mucho menos de que tuviera una. Sabía que el bien era de su nueva pareja”, manifestó.
Los abogados defensores de Gordillo, María Florencia Abdala y Camilo Atim, consideraron que las declaraciones respaldaron su postura.
“Fue una jornada muy positiva porque se incorporaron evidencias que respaldan nuestra postura”, expresaron.
Sobre la limpieza de la Amarok, los defensores destacaron que el propietario del lavadero identificó a Sosa como la persona que llevó el vehículo y solicitó el servicio. “No se puede acusar a alguien de encubrimiento porque fue a retirar el vehículo”, argumentaron.
También remarcaron que el análisis bancario no detectó extracciones millonarias ni transferencias provenientes de las empresas del imputado hacia Gordillo durante el período investigado.
En cuanto a la KTM, insistieron en que fue Sosa quien compró, retiró y utilizó la motocicleta, aunque estuviera registrada a nombre de su ex pareja.
La estrategia defensiva busca descartar que Gordillo haya actuado con fines de lucro, una circunstancia relevante para determinar si podría beneficiarse de la excusa absolutoria prevista para determinados supuestos de encubrimiento.
La querella sostiene que los testimonios no modifican la acusación
Desde la acusación realizaron una interpretación diferente de las declaraciones escuchadas durante la jornada.
El fiscal Pedro Gallo evitó profundizar sobre el contenido de la audiencia. “No puedo hablar, sólo decir que todavía faltan otras declaraciones”, manifestó.
Por su parte, Carlos Garmendia, representante legal de la familia de Érika Álvarez, sostuvo que los testimonios no desvirtúan la acusación contra Gordillo.
“En ningún momento se dijo que ella llevó la camioneta, sino que la retiró. Los informes bancarios son parciales, falta que hablen otras personas”, señaló el abogado querellante.
Cuándo continuará el juicio
El debate se reanudará el próximo miércoles, luego de una interrupción vinculada con cuestiones de agenda de los jueces Eliana Gómez Moreira, Gonzalo Ortega y María Valeria Mibelli, además de un día inhábil.
En la próxima audiencia comenzarán a declarar los peritos que realizaron tareas consideradas clave durante la investigación del femicidio de Érika Antonella Álvarez./Contexto