Un grupo de policías que prestan servicios en Yerba Buena quedaron bajo investigación ante la sospecha de abusos, apremios ilegales y lesiones que denunciaron veinte detenidos que pasaron por el calabozo de la comisaría de esa ciudad.
Sucedió en la madrugada del 16 de enero de 2023, cuando agentes de Infantería accedieron a eso de las 3, a una de las celdas donde se descansaban los aprehendidos y, según expuso el abogado Carlos Garmendia, los desnudaron, los rodearon castigaron de manera violenta usando tonfas, lo que les provocó lesiones en varias partes, principalmente la espalda.
Los familiares de los detenidos se enteraron de lo sucedido y de inmediato alertaron al representante de la Comisión Provincial de Prevención de Tortura, Fernando Korstanje, quien se dirigió a la comisaría horas después de las agresiones, se entrevistó con los presos y el personal, determinando que habían sido agredidos, tomó fotografías de las marcas dejadas por la paliza y remitió un informe a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada en la provincia por Garmendia, quien formalizó la denuncia penal.
El caso quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Complejos de feria, a cargo de Alejandra Navarro, quien envió a personal de la Unidad y a médicos de Tribunales, quienes de la misma manera se entrevistaron con las víctimas y confirmaron las heridas sufridas por los reclusos.
Un año después, el martes 30 de abril la fiscal Mariana Rivadeneira pidió que se impute al personal de Infantería por los delitos de vejaciones y apremios ilegales y por lesiones agravadas.
La subjefa de la comisaría, Fabiana Villagrán, también quedó en la mira judicial por el mismo delito a pesar de no haber participado en las agresiones dado que “ella estaba presente esa noche y fue quien habría convocado al personal”, según expuso Garmendia.
Rivadeneira imputó también a cinco policías que se encontraban esa noche de guardia, atribuyéndoles encubrimiento y al Jefe de la comisaría, Marcelo Risso Patrón, por encubrimiento agravado, sosteniendo que «si bien él no estuvo presente la noche del hecho, al día siguiente se enteró y no hizo la denuncia”, según el abogado.
Korstanje señaló que Villagrán negó lo sucedido y para justificar su presencia en la comisaría dijo que los llamó porque los detenidos protestaron ante la reducción del horario de visita de los familiares, asegurando que habían intentado darse a la fuga.
El Jefe de Policía, Joaquín Girveau, apoyó lo expuesto por Villagrán. “Cuando llegó Infantería pusieron el colchón en la reja para tapar lo que estaban haciendo, entonces ingresó infantería, redujo a todos y los sacó. Con esa gente no se podía hablar, eran agresivos”, sostuvo el denunciante.
Los imputados recibieron una prohibición de acercamiento de 200 metros a favor de las víctimas y sus familias, para evitar represalias. “Esto es emblemático porque es la primera intervención propia del mecanismo local de Tucumán. Para nosotros es muy importante que esto avance. Nuestra función como comisión no es tanto denunciar ni meter presos a policías, es prevenir; pero si no hay una señal de la Justicia de freno esto va a seguir”, sostuvo Korstanje.
Girveau, por su parte, se mostró en desacuerdo con la medida y adelantó que no reubicarán a los policías imputados sino a los reos. “Me pondré en contacto con los jefes de las Unidades Regionales y ellos con los fiscales para distribuir a los delincuentes a lo largo y ancho de la provincia en los arrestos que tengamos disponibles. De ninguna manera voy a mover a los policías de su lugar de destino»,a visó.
«Respetamos a la Justicia y a los fallos judiciales pero quiero que quede claro que este fue un intento de fuga sofocado por el personal policial”, insistió la máxima autoridad policial; agregando que “los policías van a tener el total respaldo de esta Jefatura Regional, del Ministerio de Seguridad y del Gobernador de la Provincia. Esa va a ser nuestra postura lisa y llanamente y ya estamos trabajando al respecto”.