Alberto Fernández deberá esperar al 2025 para que la justicia federal tome dos decisiones determinantes sobre él. En primer lugar si será procesado, o no, por presuntos hechos de corrupción en el marco de la causa que investigó los 45 contratos con Nación Seguros SA, donde intermediaron 25 brokers del rubro. Por otro lado, la nueva fecha para que declare como imputado en el expediente que inició traslado a denuncia penal de Fabiola Yañez, donde se lo acusa por hechos vinculados a la violencia de género.
Durante la feria judicial de verano, el ex jefe de Estado tendrá un breve respiro judicial. A un año de haber dejado la Casa Rosada, afronta dos causas penales complejas en las que el juez federal Julián Ercolini debe tomar decisiones relevantes, pero eso será a partir de febrero 2025.
Fernández, acusado de lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, Fabiola Yañez, debía declarar el 19 de diciembre, pero después de recusar al juez Julián Ercolini y de que éste rechazara los argumentos planteados, el caso llegó a la Cámara Federal porteña. Ante esa primera circunstancia el magistrado resolvió postergar, durante una semana, la audiencia indagatoria. Pero como el caso llegó ante la instancia superior, donde de manera unipersonal intervendrá el camarista Eduardo Farah, antes de fijar cualquier criterio se debe celebrar una audiencia para escuchar los argumentos de Fernández.
La fecha de esa instancia se fijó para el 26 de diciembre. Por ese motivo, el juez Ercolini firmó una segunda resolución en la que determinó que hasta que la Cámara federal porteña no resuelva la discusión, no corresponde tomarle la declaración al ex Jefe de Estado.
En esta situación se encuentra el expediente que inició en agosto de este año, cuando la ex primera dama lo denunció penalmente horas después de la información exclusiva que publicó Clarín sobre las pruebas que en sus manos tenía la justicia federal que exponían posibles hechos de violencia contra Yañez, por dos presentaciones formuladas por la abogada Silvina Carreira.
Con veinticuatro horas de diferencia, la defensa de Fernández realizó dos presentaciones en el juzgado a cargo de Ercolini, donde tramita la causa. En primer término ante el cuadro acusatorio que pesa sobre él, su abogada defensora Silvina Carreira manifestó que la causa debía irse de Comodoro Py y continuar en el fuero Penal Contravencional de la Capital Federal, al entender que los hechos investigados se deben incluir “en las contravenciones de maltrato y hostigamiento del Código Contravencional de dicha jurisdicción”.
Después ingresó otro escrito, a través del cual se volvió a recusar al juez que instruye el caso desde un comienzo. No es el primer intento de Fernández para apartar a Ercolini, quien meses atrás ya había sido confirmado frente a la investigación por la Cámara Federal.
Sobre este último aspecto, el juez firmó una resolución rechazando el pedido. Pero este trámite tiene efecto suspensivo, es decir: no se podrá realizar la indagatoria hasta tanto la instancia superior, la Cámara federal porteña, confirme al magistrado frente al caso.
Fuentes judiciales indicaron a Clarín, que la fecha para la citación a indagatoria -en caso de ser confirmado Ercolini frente al expediente-, se fijará después de febrero.
En esta causa el único acusado es Alberto Fernández, con lo cual una vez que se escuche su descargo, el magistrado deberá resolver si hay elementos suficientes para sostener la responsabilidad penal que la fiscalía a cargo de Ramiro González le atribuyó al solicitar que sea indagado.
El análisis de todas las pruebas reunidas durante los meses de pesquisa permitió al fiscal González “acreditar que el ex presidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación. De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica”.
Esos sucesivos actos de violencia, consideró Ramírez, ocurrieron durante «la particular relación asimétrica de poder con el agresor, por lo menos desde el año 2016 hasta que se formalizó la denuncia”.
Lo que señala la acusación es que Fernández “ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.
Pero también señaló que, cuando se radicó la denuncia penal, la misma se sorteó (un procedimiento habitual) y recayó en el juzgado de Ercolini, “el juez debería haberse excusado dado que “resulta contrario a los principios de imparcialidad que el mismo magistrado que libró actuaciones denunciando un delito, sea el mismo que decida la suerte de un caso”, dijo la defensa.
La causa por corrupción en los seguros
En la causa donde se imputó a Fernández por presuntos hechos de corrupción en relación a los 45 contratos que el Estado firmó con Nación Seguros, donde intermediaron 25 brokers, la situación es distinta que en el caso por los delitos vinculados a la violencia de género.
El 26 de noviembre el ex mandatario fue indagado por Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo. En total son 39 personas las que fueron citadas para brindar explicaciones ante la justicia federal.
En su paso por Comodoro Py, el expresidente presento escrito de descargo, hizo una declaración vinculada con su controvertido decreto que obligó a los organismos públicos a contratar pólizas con Nación Seguros y la participación de intermediarios, negó vinculación con la maniobra y no respondió preguntas del instructor del caso.
El ex jefe de Estado está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles. Además, ya fueron indagados Héctor Martínez Sosa, quien se quedó con el 42% de los contratos, y su esposa, la exsecretaria presidencial María Cantero.
Uno de los puntos bajo estudio es el Decreto 823/2021 firmado por el entonces presidente Fernández que habilitó la intermediación de los brokers de seguros, a quienes se les pagaron más de 3.300 millones de pesos en comisiones desde 2019 a 2024. Todo fue negado por el ex jefe de Estado.
Por delante restan sólo cuatro indagatorias de empresarios vinculados a la maniobra bajo estudio. Después de eso, el juez Ercolini estará en condiciones de resolver si procesa a todos los imputados, listado encabezado por Fernández, o si por el contrario entiende que no hay elementos para sustentar las acusaciones. Esa resolución también pasará para después de la feria judicial de verano.
Aunque Alberto Fernández ganó un poco de tiempo, el próximo que además es un año electoral, deberá afrontar dos decisiones clave que la justicia federal tomará sobre él.
Fuente: Clarín