El clima político y judicial en Pilar detonó este viernes con un operativo que Elisa Carrió no dudó en calificar como «mafioso«. La policía bonaerense allanó la casa de Matías Yofe, el principal dirigente de la Coalición Cívica en la zona y el hombre clave detrás de las denuncias por la mansión del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el presunto lavado de dinero del ex ministro Jorge D’Onofrio. Ante la gravedad de la situación, Carrió se presentó personalmente en el lugar y denunció una persecución política instrumentada por un sector de la Justicia para amedrentar a su equipo.
El procedimiento fue ordenado por el fiscal Germán Camafreitas a raíz de una contradenuncia por supuesta extorsión, pero las formas encendieron todas las alarmas. Yofe, quien se encontraba en Mar del Plata, relató que los efectivos ingresaron con violencia, amenazando a su esposa a los gritos y reteniendo a su bebé de apenas cuatro meses. «Es un acto de violencia institucional y de género sin precedentes; no mostraron orden de allanamiento y privaron de la libertad a una madre y su hija», disparó Carrió desde la puerta de la vivienda, exigiendo la presencia inmediata de los responsables del operativo.
El temor real detrás del allanamiento no es la causa de la supuesta extorsión, sino la información que Yofe guarda en sus dispositivos. La líder de la CC, que actúa también como abogada defensora, advirtió que el verdadero objetivo del secuestro de celulares y computadoras es realizar una maniobra para extraer datos sobre las investigaciones en curso contra la AFA y la política bonaerense, y luego filtrarlos.
La tensión en torno a Yofe no es nueva; el dirigente vive bajo custodia de Prefectura debido a reiteradas amenazas de muerte y episodios macabros, como la aparición de su perro destripado en la puerta de su casa. Para Carrió, este allanamiento es un eslabón más en una cadena de intimidaciones que busca frenar las causas que incomodan al poder. La ex diputada calificó, en diálogo con Clarín, de «gracioso» que un fiscal actúe con tanta celeridad por una denuncia menor de un chofer, mientras los denunciados por lavado de activos siguen libres.
El operativo se extendió durante horas bajo un clima de extrema hostilidad, según denunciaron. Carrió, patrocinada por la abogada Albana Zoppolo, anunció que presentará denuncias por la violación de tratados internacionales de Derechos Humanos y de los derechos del niño. «En esta trama no buscan justicia, buscan impunidad y silencio», sentenció la dirigente, vinculando directamente el accionar policial con los intereses de los sectores políticos investigados por corrupción en la provincia.
Lavado, fotomultas y un embargo millonario
El origen de este contraataque judicial se rastrea en la denuncia que Yofe impulsó contra Jorge D’Onofrio, el ex ministro de Transporte vinculado a Sergio Massa. En noviembre pasado, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó al ex funcionario por presunto lavado de activos y le aplicó un embargo de 350 millones de pesos. La justicia investiga si D’Onofrio y la concejal Claudia Pombo lideraron una estructura criminal para desviar fondos de las fotomultas y la VTV hacia bienes privados mediante testaferros.
La excusa para el allanamiento de este viernes fue una denuncia presentada por un chofer de D’Onofrio, quien alegó haber sido «amenazado» por Yofe para declarar en contra de su jefe. Aunque fuentes judiciales señalaron a la prensa que el fiscal solo buscaría datos de los días específicos de la supuesta amenaza, la defensa teme que la revisión de los dispositivos sea total, exponiendo a las fuentes y las pruebas recolectadas en las causas de corrupción más sensibles de la actualidad.
La situación legal de D’Onofrio es delicada y avanza en dos frentes paralelos. Mientras el fuero federal lo investiga por el lavado de dinero, en los tribunales de La Plata se tramita otro expediente por asociación ilícita. Este cerco judicial, impulsado por las pruebas que aportó Yofe, es lo que según la Coalición Cívica motivó la violenta respuesta de las últimas horas: un intento de dar vuelta la mesa y convertir al denunciante en investigado.